CIDH expresa profunda preocupación por amenazas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan por la paz en Colombia
18 de septiembre de 2014
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante las amenazas que habrían sido dirigidas a más de 90 defensores y defensores de derechos humanos que trabajan por la paz en Colombia.
Según información de público conocimiento, el 8 y 9 de septiembre de 2014, coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, más de 90 defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia habrían sido amenazados de muerte a través de correos electrónicos que fueron presuntamente remitidos por el grupo armado al margen de la ley autodenominado “Águilas Negras”. En dichas comunicaciones el grupo ilegal habría declarado como objetivo militar a las y los defensores y amenazado con asesinarlos y a sus familias, si no abandonan el país en el plazo de 15 días. A su vez, habrían descalificado la labor de las y los defensores en el marco del proceso de paz acusándolos de “guerrilleros comunistas”. Varias de las defensoras y defensores amenazados cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Al respecto, en su visita in loco a Colombia efectuada en diciembre de 2012 como así también en información recibida en audiencias y reuniones de trabajo sostenidas en los años 2013 y 2014, la Comisión ha venido constatando la existencia de un contexto de amenazas, estigmatización y actos de intimidación a las y los defensores por grupos al margen de la ley como represalia a su labor de defender derechos.
La CIDH lamenta que se haya producido esta amenaza e insta al Estado colombiano que adopte urgentemente todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar a la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios y las beneficiarias de las medidas cautelares, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza la necesidad de que el Estado de Colombia conduzca una investigación de oficio de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial para identificar de dónde provienen las amenazas, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, con el objeto de evitar la repetición de las mismas. La Comisión recuerda que en muchos casos de muerte de defensores, ésta fue precedida de amenazas que fueron debidamente denunciadas pero no fueron debidamente atendidas por las autoridades.
La Comisión Interamericana reitera que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de actos de hostigamiento. Como ha señalado la Comisión anteriormente, uno de los primeros pasos para proteger eficazmente a las defensoras y defensores es legitimar públicamente su trabajo, y protegerlos desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que fue víctima de amenazas en razón de su labor. Muchos de los asesinatos de defensoras y defensores en Colombia estarían precedidos por amenazas e intimidaciones de grupos al margen de la ley por lo que los Estados deben tomar una situación como esta de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz. En tal sentido, la Comisión recomienda al Estado y particularmente a la Unidad Nacional de Protección a fortalecer los espacios de diálogo entre sus máximas autoridades y las organizaciones y personas directamente afectadas por las amenazas, a fin de encontrar respuestas urgentes, específicas y adecuadas a la gravedad de estos hechos.
La Comisión recuerda el rol esencial que han tenido y continúan teniendo las defensoras y defensores en la denuncia de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, así como sus valiosos aportes en el proceso de búsqueda y consolidación de la paz en Colombia. En este sentido, los actos de violencia y otros ataques en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas para quienes trabajan.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 103/14