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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH concluye su visita a Chile
11 de diciembre de 2014
Washington, D.C. - La Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, en calidad de Relatora para Chile y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estuvo en Chile del 24 al 26 de noviembre de 2014. El objetivo principal de la visita era recopilar información sobre la situación general de los derechos humanos en el país. En calidad de Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, efectuó también un examen detenido de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile, particularmente en el contexto de los proyectos de desarrollo e inversiones y las concesiones para la extracción de recursos naturales. Con ese fin, viajó a las ciudades de Santiago y Temuco.
Durante su visita, la Comisionada Antoine se reunió con diversas autoridades del Estado, entre ellas la presidenta Michelle Bachelet, así como el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros Marín; la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados; el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez; el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo; la Fiscal Regional Solange Huerta Reyes; el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy Peña y Lillo; el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez Molina; y representantes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). En Temuco, la delegación se reunión con el Intendente Regional,Francisco Huenchumilla Jaramillo, y con representantes de la CONADI y de Carabineros. El Estado también organizó, junto con la Comisión, un seminario sobre normas internacionales relacionadas con la discriminación a la luz del sistema interamericano de derechos humanos, que contó con una presencia importante de funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil. La Comisión también se reunió con representantes de numerosas organizaciones que trabajan en pro de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos los mapuches, y con representantes de la sociedad civil que trabajan en los campos de los derechos humanos, los derechos de la mujer, asuntos relacionados con las personas LGBTI y la situación de los sindicatos.
Durante la visita se celebraron también cinco reuniones de trabajo relacionadas con casos individuales con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento por el Estado de las recomendaciones de la CIDH en un caso y facilitar un espacio para continuar las negociaciones entre el Estado y los peticionarios con miras a llegar a acuerdos de solución amistosa en los otros casos. En estas reuniones se trataron los siguientes casos: Caso 12.799 Miguel Ángel Villar Silva, P-1275-04 Juan Luis Rivera Matus y otros, P-946-12 César Antonio Peralta Wetzel y otros, P-687-11 Gabriela Blas y otro, y Caso 12.904 Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza-Usmagama y sus miembros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce los esfuerzos y la voluntad del Estado de cumplir sus recomendaciones y buscar otras formas de resolver las distintas situaciones mediante la negociación de acuerdos de solución amistosa. De la misma manera, la CIDH valora la buena disposición de los peticionarios para considerar medidas de reparación en el marco del mecanismo de solución amistosa. Durante la visita se informó a la Comisión que el gobierno está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para facilitar el uso del procedimiento de solución amistosa por parte del Estado chileno en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH recibe con beneplácito la iniciativa del Estado, la cual, de adoptarse, sería considerada como una buena práctica en el continente americano, y ofrece su apoyo técnico para continuar avanzando en esta labor.
La Comisión valora los esfuerzos realizados por el Estado y el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para elaborar una agenda con un conjunto completo de medidas orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos en Chile. Entre ellas, la Comisión reconoce la idea del gobierno de un “nuevo trato” con los pueblos indígenas de Chile y el compromiso del Estado de crear un ministerio y un consejo dedicados exclusivamente a la situación de pueblos indígenas. Varias autoridades del Estado también informaron a la Comisión sobre la futura reforma de la Ley Antiterrorista a fin de que no se aplique en casos de protestas sociales de las comunidades mapuches y otros grupos, así como sobre la reforma propuesta del sistema de justicia penal militar en el país, reformas que la Comisión espera que se lleven a cabo en concordancia con las normas jurídicas internacionales. Se informó también a la Comisión sobre otros avances importantes, como las medidas tomadas para crear una Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, un Ministerio de la Mujer, un proyecto de ley para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo y la aprobación de la Ley 20.609 (2012) que prohíbe la discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, idioma, ideología política, religión, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, entre otras. La Comisión también considera que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2009 constituyó un avance importante. La Comisión también recibió información sobre reformas del sistema de educación de Chile, con la meta de establecer un sistema público, gratuito y de buena calidad.
Sin embargo, la Comisión destaca su preocupación por la información recibida con respecto a la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile, así como a la existencia de grandes barreras en el proceso de otorgamiento de títulos de propiedad de territorios ancestrales. A pesar de que el Estado ratificó el Convenio 169 de la OIT, se recibió información sobre obstáculos significativos relacionados con el contenido y el ejercicio del derecho a la consulta en asuntos que afectan a los territorios, los medios de subsistencia y la sostenibilidad de los pueblos indígenas de Chile. Se informó a la Comisión que los pueblos indígenas no habían sido consultados de manera libre, previa e informada con respecto a la ejecución de varios proyectos de desarrollo y de industrias extractivas y no se les había consultado sobre el impacto de estas iniciativas en el acceso al agua y a recursos naturales tales como semillas. Aunque se está llevando a cabo una reforma del código del agua en Chile, la participación de los pueblos indígenas en ese proceso ha sido limitada. Estos problemas están agravados por la poca representación de los pueblos indígenas en las instituciones públicas y su situación de pobreza y marginación.
La Comisión resalta la importancia de que, en la ejecución de su nueva agenda, el Estado considere los derechos de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación, los principios de igualdad y no discriminación, y su vínculo único con su tierra, sus territorios y los recursos naturales. La Comisionada escuchó expresiones de profunda preocupación de los pueblos indígenas con respecto al escaso control que tienen sobre la educación de sus hijos para asegurar la preservación de su herencia cultural e insta al Estado a que tenga en cuenta esa diversidad cultural y autonomía en sus reformas al sistema educativo. Durante la visita, la Comisión también recibió con preocupación relatos de incidentes de violencia e intimidación contra comunidades indígenas, situación que la Comisión espera que se corrija con las nuevas políticas e iniciativas legales del nuevo gobierno.
En ese sentido, la Comisión exhorta al Estado a establecer un mecanismo institucionalizado para consultar a los pueblos indígenas, que tenga en cuenta las diferentes dimensiones de este derecho en el derecho internacional. La consulta debe realizarse antes de la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, así como durante la formulación de leyes y políticas públicas que los afecten. La Comisión recuerda también que toda estrategia integral del Estado para abordar los derechos de los pueblos indígenas debe incluir su reconocimiento constitucional, una perspectiva multicultural en la elaboración de leyes y políticas públicas, medidas para asegurar que ellos sean libres de toda forma de discriminación, pasos para acelerar el proceso de restitución de sus tierras ancestrales a los pueblos indígenas, la prevención del uso excesivo de la fuerza por las autoridades policiales frente a la expresión de reivindicaciones sociales de los pueblos indígenas y el acceso a una educación pertinente desde el punto de vista cultural. La Comisión también insta al Estado a que adopte de inmediato medidas para cumplir las recomendaciones relativas a los pueblos indígenas emanadas del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
La Comisión también recibió información sobre una diversa gama de asuntos relacionados con los derechos humanos en Chile, como el problema persistente de la violencia contra mujeres y personas LGBTI, así como la discriminación contra personas con discapacidades y con el VIH. Asimismo, se informó a la Comisión sobre la aplicación del sistema de justicia militar a violaciones de los derechos humanos, en contravención de las normas internacionales; y sobre la aplicación de la institución de la prescripción gradual en el proceso penal, en virtud de la cual los condenados cumplen la pena en libertad, y preocupa que en ciertas circunstancias pueda existir un conflicto entre esta figura jurídica y la necesidad de una rendición efectiva de cuentas. La Comisión también recibió información sobre la generalidad de la ley de no discriminación de 2012, las demoras persistentes de la aprobación del proyecto de ley de reforma del régimen de administración de bienes entre cónyuges y el debate relativo a la ley que prohíbe el aborto en todos los casos. La Comisión destaca la importancia de que el gobierno incorpore los principios de inclusión y participación en la formulación, reforma y ejecución de políticas para alcanzar la igualdad y la no discriminación, y aborde todas las formas de violencia en el país, con la debida diligencia. Asimismo, la Comisión pone de relieve la importancia de que el Estado establezca espacios públicos para que todas las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos y las organizaciones que las representan tengan voz en la formulación de leyes y políticas públicas relacionadas con todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en Chile, entre ellos los relacionados con la salud sexual y reproductiva.
La Comisión desea agradecer al Estado chileno su excelente colaboración en la organización de esta visita y la información valiosa que le proporcionó. Asimismo, la Comisión agradece la información proporcionada por representantes de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en general, los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas LGBTI y los sindicatos; así como a las personas que viajaron desde distintas regiones de Chile y se reunieron con la delegación de la CIDH para relatar su experiencia y su situación. En particular, la CIDH desea agradecer el apoyo del Observatorio Ciudadano a la organización de esta visita. La Comisión agradece también el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 150/14