Directora de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9001
[email protected]
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 18 personas en Brasil en 11 sitios ubicados en el estado de São Paulo. La Comisión urge al Estado a continuar con las investigaciones emprendidas, esclarecer lo ocurrido e identificar, procesar y sancionar a los responsables, así como adoptar medidas para que estos hechos no se repitan.
De acuerdo a la información recibida, el 13 de agosto de 2015, 18 personas resultaron muertas y 6 heridas en ataques perpetrados por personas armadas en 11 sitios del estado de São Paulo, en un espacio temporal de tres horas. Según algunos testimonios y lo que se recoge en videos grabados por cámaras de seguridad, los desconocidos portando armas se habrían trasladado en vehículos de uno a otro lugar, y habrían preguntado sobre antecedentes criminales, disparando contra las personas que indicaron que los tenían. Según lo informado por las autoridades, un mismo vehículo habría sido visto en varios de los lugares donde ocurrieron los crímenes. Una de las líneas de investigación es sobre la posible responsabilidad de miembros de la policía militar, en lo que habría sido una presunta represalia por el asesinato de un policía militar días antes.
Estos hechos tienen lugar en un contexto de inseguridad ciudadana. Según datos oficiales, 56 personas fueron muertas en masacres en São Paulo en lo que va de 2015. Los datos entregados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo al Instituto Sou da Paz por medio de una solicitud de acceso a la información indica que esto representa un aumento respecto del año anterior, cuando se registraron 49 muertes en masacres en todo el año. Según un reportaje realizado por SPTV en base a cifras oficiales conseguidas a través de la Ley de Acceso a la Información, en 2014, uno de cada cinco homicidios ocurridos en São Paulo fue perpetrado por la policía. De acuerdo a la información periodística y de las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas de este tipo de muertes suelen ser hombres afrodescendientes de entre 15 y 30 años en situación de pobreza y residentes de barrios de la periferia urbana de São Paulo. Menos de 8% de los casos de muertes ocurridas en situaciones que la policía califica como “enfrentamientos” llegan a juicio en São Paulo. Organizaciones tal como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las muertes de personas a manos de policías en São Paulo.
La CIDH toma nota de las declaraciones del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quien calificó los hechos como “gravísimos” y dijo que se intentarán aclarar los hechos “lo más rápido posible”. Asimismo, toma nota de las expresiones públicas del secretario de seguridad pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, quien señaló que fue “la peor matanza de este año” en dicho estado, y anunció que las autoridades actuarán “rápidamente para capturarlos a todos” quienes resulten responsables de los hechos.
La CIDH urge al Estado a continuar las investigaciones iniciadas de manera pronta, objetiva e imparcial, y a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la hipótesis de que los posibles autores hubieran podido ser oficiales de fuerzas de seguridad del Estado. La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares. El Estado debe además adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar que hechos como estos no se repitan. La CIDH valora positivamente las declaraciones de las autoridades en el sentido de realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia.
La Comisión Interamericana reitera que los Estados tienen la obligación ineludible de adoptar, en congruencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todas aquellas medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción. La existencia de altas tasas de violencia y criminalidad menoscaba el Estado de Derecho y contribuye a erosionar los avances democráticos de las últimas décadas en la región, por lo cual la implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana es fundamental para la vigencia del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 092/15