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Directora de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda al Estado de Argentina por la creación de un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para personas trans en el sector público en la Provincia de Buenos Aires.
La ley sancionada en septiembre de 2015 establece como beneficiarias a aquellas personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, como antecedentes laborales y educativos, independientemente de si han sido o no beneficiarias de la ley de identidad de género. Su incumplimiento parcial o total constituirá para los/las funcionarios/as responsables, falta grave o mal desempeño en sus funciones.
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños y jóvenes trans inicia a temprana edad, cuando son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades por sus profesores y familias, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las personas trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas. Las personas trans pertenecientes a grupos étnicos o raciales históricamente discriminados pueden ser aún más vulnerables a entrar en este ciclo de pobreza y violencia.
La CIDH considera que este tipo de medidas constituyen pasos fundamentales en el camino a la inclusión social de las personas trans, e insta a los Estados a continuar adoptando medidas garantistas, incluyendo medidas legislativas y en materia de políticas públicas, en favor de personas trans, y personas lesbianas, gays, bisexuales e intersex. Medidas de esta naturaleza buscan incentivar el acceso de las personas trans a esferas públicas y a un mayor ejercicio de sus derechos económicos y sociales. Pueden contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino que también podrían asistir a reducir los niveles de homicidios y violencia policial en la medida que disminuyan el número de personas trans en economías informales criminalizadas y contribuyan a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género.
La Comisión aplaude este tipo de iniciativas e invita a los demás Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas trans en relación con el acceso al empleo, y en consecuencia, otros derechos económicos y sociales, como medida en la prevención de la pobreza y la situación de violencia y discriminación que enfrentan las personas trans en la región. La CIDH insta asimismo a los Estados de la región a adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia contra personas trans, incluyendo aquellas que ejercen trabajo sexual.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 122/15