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Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por los hechos de violencia ocurridos contra manifestantes y periodistas en Venezuela, durante las protestas sociales del 2 de junio en Caracas debido a la situación de desabastecimiento que vive el país. La Comisión insta a las autoridades a investigar el posible uso abusivo de la fuerza y, en su caso, juzgar y castigar a los responsables. Asimismo, la Comisión llama al Estado de Venezuela a garantizar y proteger la integridad física y seguridad de los y las manifestantes y periodistas durante las manifestaciones.
De acuerdo con la información recibida, el 2 de junio se desarrolló una protesta debido al desabastecimiento que se vive en Venezuela. Los manifestantes habrían estado esperando desde la madrugada para comprar alimentos en un almacén ubicado en el centro de Caracas, y hacia el mediodía las autoridades se habrían llevado un cargamento de productos que iban a ser vendidos en la zona para venderlo en los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución de otras zonas. En respuesta, los manifestantes bloquearon algunas vías del centro de la capital venezolana. La CIDH ha recibido información que señala que miembros de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional habrían utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta.
Adicionalmente, la CIDH recibió información de periodistas que estaban cubriendo la protesta que habrían sido golpeados, amenazados y despojados de equipos como cámaras y teléfonos móviles. Estas acciones habrían sido realizadas por civiles armados que serían partidarios del gobierno y estaban en la zona para dispersar a los manifestantes. Ante dichos hechos los miembros de la fuerza pública ahí presentes no habrían realizado acciones para proteger a los periodistas atacados. Según la información disponible un total de 19 comunicadores habrían resultado afectados.
Estos hechos ocurren en el marco de la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, sobre el cual la CIDH ha manifestado su preocupación. En ese sentido, la Comisión insta al Estado venezolano a adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad, así como el derecho de reunión y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos, y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.
La Relatoría especial recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 073/16