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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH culmina 166 Período de Sesiones
29 de diciembre de 2017
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Washington, D.C. – Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 166 Período de Sesiones del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2017, en su sede en Washington, D.C. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 8 audiencias públicas, y reuniones con Estados, organizaciones de la sociedad civil de la región y expertos, entre otras actividades.
En el marco de este Período de Sesiones, y en conmemoración del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la CIDH celebró junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Primer Foro sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de generar y promover un debate sobre el presente y futuro de los derechos humanos en la región. El Foro contó con 24 eventos de diálogo entre los órganos del SIDH, Estados, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, universidades, movimientos sociales y sindicales. Más de 500 personas participaron de este intercambio constructivo con el fin de promover la eficacia del Sistema Interamericano y el cumplimiento de sus recomendaciones y sentencias. La CIDH agradece la amplia participación alcanzada y el interés de todos los actores del sistema. El Foro Interamericano será organizado anualmente en forma conjunta por la Comisión y la Corte.
En el marco del Foro Interamericano, la Comisión presentó el Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, el primer informe temático de la CIDH en abordar esta materia. A través de este informe, la Comisión Interamericana busca contribuir a los esfuerzos para reducir y erradicar la pobreza en América, con recomendaciones orientadas a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y acciones de los Estados a fin de garantizar que los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza sean debidamente respetados y protegidos. Para ello, los Estados deben desarrollar estrategias a fin de garantizar los derechos al trabajo digno, salud, alimentación, vivienda, y educación, garantizando el empoderamiento económico y social de las personas que viven en la pobreza, posibilitando su participación y tomando en cuenta sus experiencias y perspectivas.
Durante las sesiones, la CIDH firmó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay un Memorando de Entendimiento de intercambio de experiencias y cooperación técnica recíproca para el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas en derechos humanos y de apoyo a la conformación del Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones de la CIDH. Asimismo, la Comisión firmó un acuerdo de cooperación con la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado.
La Comisión celebró 8 audiencias públicas sobre Canadá y Estados Unidos, en las que recibió información sobre diversas temáticas de derechos humanos. La CIDH recibió información sobre la situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Puerto Rico, sobre los derechos laborales en la industria automotriz en Estados Unidos, así como sobre libertad de expresión y ejecuciones extrajudiciales en Estados Unidos. Asimismo, con respecto a Canadá, la CIDH recibió información sobre discriminación sexual en la Ley Indígena, sobre violaciones de derechos humanos de las industrias extractivas canadienses que operan en América Latina, sobre la implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado y sobre solicitudes de asilo. La CIDH saluda y valora la participación activa de las delegaciones de Canadá y Estados Unidos, así como de las organizaciones de la sociedad civil.
A continuación se presentan resúmenes de las audiencias públicas celebradas:
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Puerto Rico
Los solicitantes de la audiencia presentaron información sobre la grave situación humanitaria que se ha generado en Puerto Rico como consecuencia de la crisis fiscal en la isla, con particular impacto sobre personas en situación de pobreza. Informaron además que esta crisis se agravó como consecuencia de los estragos ocasionados por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Las organizaciones peticionarias presentaron los testimonios de tres lideresas de comunidades marginadas de Puerto Rico sobre la contaminación ambiental de sus comunidades y sobre la crisis fiscal en la isla que existieron desde antes de los huracanes; la falta de atención humanitaria adecuada a sus comunidades luego de los huracanes; y los impactos diferenciados de la misma sobre poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas las personas afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas mayores, y niñas, niños y adolescentes. El Estado, por su parte, destacó los esfuerzos de recuperación y reconstrucción que se han realizado en la isla hasta la fecha, haciendo notar asimismo el impacto desmedido que han tenido los desastres naturales en toda la región este año. La Comisión solicitó información sobre la situación de las personas desplazadas por los huracanes y la situación de libertad de expresión en la isla. Asimismo, la CIDH anunció a la representación de Estados Unidos su intención de realizar una visita in loco a Puerto Rico y de solicitar mayor información en seguimiento de la audiencia.
Derechos laborales en la industria automotriz en Estados Unidos
Durante la audiencia, cuatro representantes de las entidades solicitantes describieron el clima antisindical que actualmente enfrentan las personas trabajadoras en Canton, Mississippi, que indicaron es una muestra de lo que ocurre en todo el país. Informaron que para 2016, la planta de ensamblaje en Canton tenía una fuerza de trabajo de 5,300 trabajadores, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento eran personas afroamericanas. Según los representantes, desde la fundación de la planta se ha llevado a cabo una campaña sistemática por parte de Nissan y funcionarios del gobierno para denegar derechos básicos de los trabajadores. Nissan continuó realizando dicha campaña a pesar de las múltiples quejas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los EE.UU. Según los comparecientes, la conducta antisindical de Nissan Motor Company, incluyendo reuniones con audiencia cautiva y la vigilancia de trabajadores individuales con el apoyo del gobierno local, ha impedido a los trabajadores ejercer sus derechos humanos, como el derecho a un lugar de trabajo seguro y el derecho a elecciones justas. Como parte de su presentación, uno de los peticionarios mostró una camiseta que habría usado la empresa llamando a votar no a la sindicalización. Los peticionarios también proyectaron un video del reconocido actor y activista Danny Glover, con un testimonio de apoyo a los trabajadores afectados. El representante de los Estados Unidos respondió que las alegaciones específicas de los trabajadores no podían abordarse, ya que forman parte de una investigación en curso por parte de las autoridades competentes (entre otras, la Junta Nacional de Relaciones Laborales). Recalcó que Estados Unidos tiene un sistema robusto para la protección de los trabajadores, como lo demuestran leyes como la Ley Nacional de Relaciones Laborales, así como a través de su larga historia de interés internacional y participación en los derechos laborales. El Comisionado Paulo Vannucchi y la Relatora Especial de DESCA, Soledad García Muñoz, destacaron la creciente atención universal e interamericana al comportamiento de las empresas internacionales y nacionales para que respeten los derechos humanos de las y los trabajadores y la debida diligencia de los Estados remarcando el interés de la CIDH y su Relatoría especial en dar seguimiento a estos temas incluso a través de visitas in loco. La Comisionada Margarette May Macaulay hizo notar que ninguna de las personas representantes de sociedad civil deben sufrir ningún tipo de sanción u hostigamiento por su participación en la audiencia y les pidió informar a la CIDH si algo así ocurriera.
Derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión en Estados Unidos
Las organizaciones solicitantes denunciaron violencia contra manifestantes y restricciones en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión en Estados Unidos. En este sentido, advirtieron que las fuerzas policiales han comenzado a utilizar armamento militar para disuadir o desalojar protestas, y que ha prevalecido el uso excesivo de fuerza en contra de los manifestantes. Agregaron que los fiscales impulsan una estrategia de responsabilidad colectiva contra participantes en protestas aplicando figuras penales tales como “conspiración” o “motín”, sin llevar a cabo una investigación por cada uno de los imputados por presuntos hechos de violencia durante protestas. De acuerdo a las organizaciones, en 39 Estados se han presentado proyectos de ley que restringirían el derecho a la protesta social, de forma vaga, imprecisa y desproporcionada. Durante su exposición el Estado aseguró que Estados Unidos es uno de los países que más garantiza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. Además, el Estado aclaró que las restricciones a las manifestaciones son escasas y limitadas a tiempo, lugar y forma. El Estado indicó que posibles errores o abusos por parte de los fiscales pueden ser corregidos por las distintas instancias judiciales independientes que tiene el país.
Denuncias de impunidad por ejecuciones extrajudiciales en Estados Unidos
Las organizaciones solicitantes suministraron información en relación con asesinatos ocurridos como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por agentes policiales en los últimos años en Estados Unidos. Afirmaron que solo en lo que va del 2017, 1.114 personas han sido asesinadas a manos de la policía estadounidense. Cerca del 60% de estas muertes eran, según los peticionarios, evitables y la mayor parte de las personas asesinadas no estaban armadas. El perfil de las víctimas de violencia policial en el país estaría conformado en su mayoría por personas afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad mental. Asimismo, señalaron que Estados Unidos es el único país del mundo con más armas que personas. Los dos mayores problemas presentados por los peticionarios son la alta tasa de impunidad respecto de estos asesinatos, ya que un número muy pequeño de agentes policiales es investigado y sancionado en estos casos, así como por la falta de información actualizada y transparencia respecto de asesinatos cometidos por policías en el país. Por último, presentaron recomendaciones, incluyendo la necesidad de procesar y sancionar a los agentes de policía involucrados en estos hechos; la creación de una ley que limite la posibilidad de invocar la inmunidad calificada por parte de la policía para evitar responsabilidad penal o civil en casos de uso excesivo de la fuerza; así como la asignación de fondos a efectos de brindar servicios de rehabilitación en materia de salud y psicológica para las familias de las víctimas de brutalidad policial. Por su parte, los representantes del Estado señalaron que el combate contra el racismo y la discriminación no es solamente un problema doméstico, sino un desafío que enfrentan todos los países. Resaltaron, sin embargo, que los temas presentados por los peticionarios estarían relacionados a los ámbitos local y estatal, y no federal. Afirmaron que, como forma de alcanzar prosperidad y estabilidad en el país, es necesario empoderar a las personas a participen plenamente de la vida política y económica, incluyendo miembros de las comunidades históricamente marginalizadas, realidad reconocida por el Estado. Adicionalmente, mencionaron iniciativas de cooperación con Colombia, Brasil y Uruguay para trabajar el tema de igualdad racial y étnica, y con México y Canadá sobre el tema de empoderamiento de mujeres y niñas indígenas. La Comisión mostró su preocupación con la alta tasa de impunidad en los casos de asesinatos extrajudiciales y afirmó la necesidad de procesos y sanciones a los policías responsables de estos hechos. Asimismo, señaló la importancia de usar esta información en la redacción de su informe sobre violencia policial contra personas afrodescendientes en Estados Unidos.
Denuncias de discriminación sexual en la Ley Indígena de Canadá
Las solicitantes de la audiencia manifestaron que la Ley Indígena del Canadá mantiene una discriminación en razón del sexo que impacta en la vida en comunidad y estigmatización de las mujeres indígenas. Las solicitantes explicaron que la norma establece una diferencia de estatus legal para la descendencia de las mujeres indígenas, respecto de los hombres indígenas. Por su parte, el Estado manifestó un reconocimiento a quienes han luchado por erradicar la discriminación de género y refirió que el Gobierno de Canadá adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Indicó que planea hacer una serie de consultas para hacer una reforma de la Ley Indígena en aquellos aspectos que lo requiere. La Comisión tomó nota del mecanismo de consulta y de las acciones que desea emprender el Estado para hacer las modificaciones normativas, así como de los obstáculos que a juicio de la sociedad civil tiene el proceso de consulta para garantizar los derechos y para cumplir con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
Medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos de las industrias extractivas canadienses que operan en América Latina
Las organizaciones solicitantes presentaron información sobre violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas en el contexto de proyectos extractivos operados por subsidiarias de empresas canadienses en América Latina. Las solicitantes indicaron que las embajadas canadienses han respaldado y brindado apoyo diplomático a empresas con proyectos en América Latina relacionados con asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Manifestaron que las agencias de crédito canadienses deberían implementar salvaguardas efectivas para suspender todo tipo de apoyo a compañías con estos antecedentes. Por su parte, representantes del Estado anunciaron la creación de una defensoría para monitorear e investigar la conducta de compañías canadienses operando en el extranjero. A la luz de la información recibida, la CIDH celebró este primer paso por parte de las autoridades canadienses y expresó la necesidad de que esta defensoría goce de la independencia necesaria para realizar investigaciones imparciales y efectivas sobre abusos a derechos humanos cometidos en el contexto de actividades de compañías canadienses en el extranjero, así como de imponer sanciones.
Seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Canadá
Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron a la CIDH su preocupación por la falta de mecanismos y procedimientos nacionales para dar cumplimiento a las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales en Canadá. Indicaron que existe una tendencia hacia un bajo cumplimiento por parte de Canadá a través de los años, lo que a su parecer deriva principalmente de la falta de legislación interna que permita establecer procedimientos para la implementación de estas decisiones y recomendaciones. Los peticionarios mencionaron la relevancia de una reunión de Ministros que tendrá lugar la semana siguiente a la audiencia para discutir este tema, y saludaron la inclusión de la sociedad civil y las comunidades indígenas en este espacio. Los peticionarios también llamaron a la Comisión a involucrarse de manera activa en la revisión de mecanismos y procedimientos canadienses para la implementación de sus obligaciones internacionales. El Estado, por su parte, manifestó su voluntad de aprender de la experiencia de otros países de la región en la materia y tomó nota de las preguntas planteadas por la CIDH para dar respuesta en momento oportuno. La Comisión Interamericana reiteró su llamado al Estado a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y enfatizó la relevancia de contar con mecanismos que puedan dar seguimiento a las decisiones y recomendaciones a nivel interno. Asimismo, solicitó a las partes sugerencias para el diseño y medidas de la Sección de Seguimiento a Recomendaciones que se está creando en la CIDH.
Seguimiento de las recomendaciones del Informe de la CIDH sobre solicitantes de asilo en Canadá (2000)
Las organizaciones participantes manifestaron su preocupación por diversas problemáticas que subsisten a la fecha en relación con solicitantes de asilo en Canadá. Destacaron la falta de acceso a una audiencia para solicitantes de asilo, el hecho de que los mecanismos de previa evaluación del riesgo de deportación y la posibilidad de obtener una visa por cuestiones humanitarias y compasivas no suspenden los procesos de deportación, la falta de voluntad de las autoridades para analizar nueva evidencia en los casos, la falta de mención de normas internacionales en la jurisprudencia canadiense, la detención migratoria, la imposibilidad de traer a familiares que puedan estar en riesgo en lo que se determinan los procesos de reunificación familiar, la posibilidad de deportar a refugiados por cometer delitos y el limbo en que se encuentran las personas reconocidas como refugiadas, pero que no pueden obtener la residencia por ser consideradas inadmisibles debido a políticas extremas en contra del terrorismo. Por su parte, la delegación del Estado canadiense hizo mención a la reforma de 2012 por medio de la cual se logró acortar el tiempo para resolver los casos de asilo a cinco meses con una tasa de aprobación de 65%, manifestando que los procesos se hacen caso por caso, con derecho a la audiencia y permitiendo una apelación. Informaron también que han aplicado medidas para evitar que los niños sean detenidos y que las familias sean separadas. Finalmente, aseguraron que el sistema canadiense cuenta con mecanismos de previa evaluación del riesgo de deportación con la finalidad de dar cumplimiento al principio de no devolución y la posibilidad de otorgar protección basándose en cuestiones humanitarias o compasivas. La Comisión mostró su preocupación por la detención de niños, niñas y adolescentes y solicitó mayor información sobre el uso de alternativas a la detención y de la política de tercer país seguro.
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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 222/17