Washington, D.C. / Quito, Ecuador – Ante la grave alteración del orden
público en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza
la violencia generalizada y llama al respeto de la institucionalidad
democrática en el país, con apego a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de la población.
Desde el inicio de las protestas en el contexto poselectoral, la Comisión
ha advertido graves actos de violencia, que habrían resultado en al menos 4
personas fallecidas, 426 heridas y 227 detenidas. La crisis política se vio
agravada a partir del motín policial ocurrido el 8 de noviembre pasado en
Cochabamba, Sucre y Santa Cruz; a lo que se sumaron saqueos e incendios
contra mobiliario público, propiedad privada, incluidas representaciones
diplomáticas así como sedes de partidos políticos y de medios de
comunicación; así como ataques y hostigamientos indiscriminados en todo el
país. La Comisión también recibió información sobre enfrentamientos
violentos entre personas tanto partidarias como opositoras al gobierno, así
como campañas de persecución generalizadas. Asimismo, la CIDH ha sido
informada de actos de violencia contra medios de comunicación estatales e
independientes, incluyendo la interrupción forzada de circulación de
periódicos, entre los cuales el Página Siete, debido a amenazas y agresiones.
Asimismo, la CIDH ha tomado nota y manifiesta su preocupación ante discursos
de odio y otras formas de violencia, en particular, en contra de pueblos
indígenas y de sus símbolos.
La Comisión reitera su llamado a todos los actores políticos y sociales
de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción
política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son
contrarios a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión hace un llamado a
que se respeten las inmunidades de las representaciones diplomáticas
acreditadas ante el Estado boliviano, así como la seguridad de todas las
personas que allí se encuentren.
La CIDH advirtió que, una vez hecho público el informe del Grupo de
Auditores de la Organización de los Estados Americanos sobre el Proceso
Electoral en Bolivia, el día 10 de noviembre el Presidente Evo Morales
anunció la convocatoria a nuevas elecciones y a la renovación de la
totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo con
información de público conocimiento, la Central Obrera Boliviana, el Alto
Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la
renuncia del Presidente Evo Morales quien, horas después dimitió, aduciendo
su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país, tras semanas
de enfrentamientos. La Comisión también tomó nota que, a la renuncia del
Presidente Morales, se unieron las renuncias del Vicepresidente y de los
miembros de su gabinete, así como de los presidentes del Senado y de la
Cámara de Diputados.
Frente a las declaraciones públicas de autoridades militares y policiales,
la Comisión observa que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y
conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. En este
sentido, la CIDH recuerda que, en un Estado democrático de Derecho, todas
las fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, deben someterse al
control civil y abstenerse de incidir en procesos políticos. Al respecto, la
Comisión expresa su preocupación por la institucionalidad democrática y el
Estado de Derecho en Bolivia.
Finalmente, la Comisión exhorta a dar plena vigencia al orden Constitucional, a la instalación inmediata de autoridades civiles y a la celebración de elecciones en el país, con el fin de que se garantice la Democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 293/19