CIDH
Comunicado de Prensa
A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión
18 de abril de 2020
Washington, D.C.- A dos años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su
compromiso permanente con las víctimas de violaciones a los derechos
humanos y con la población nicaragüense. Asimismo, constata la
consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país,
caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia,
hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como
opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y
contra comunidades de pueblos indígenas. La CIDH urge al Estado el
restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos
humanos.
A la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales
iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades
o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre
ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil
heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud;
más de 777 personas fueron privadas de la libertad. Según datos
registrados por el ACNUR, más de 100 mil personas se habrían visto
obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas
y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas
violaciones permanecen en absoluta impunidad. Por su parte, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la
Comisión en julio de 2018 con el fin de coadyuvar en las investigaciones
de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el
país, concluyó la realización de conductas en el contexto de un ataque
generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con
el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad,
tales como la encarcelación u otra privación de la libertad física,
persecución, violación y tortura.
A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos, la CIDH observa la
persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes
y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a
través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de
independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la
percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena
alineación con el Ejecutivo. Asimismo, la evidencia muestra la
existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos
simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar
permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al
Gobierno.
En este contexto, la Comisión, a través de su Mecanismo Especial de
Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha identificado desde el segundo
semestre de 2019 a la fecha, patrones de violaciones a los derechos
humanos consistentes en la intensificación de la vigilancia,
hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas sociales y
políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas y
trabajadores de la prensa; así como contra cualquier persona
identificada con la oposición; ataques sistemáticos contra comunidades y
pueblos indígenas; así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales de
personas opositoras y campesinas. En esta nueva etapa, la Comisión
expresa su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción
de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o
severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de
expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia,
el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta
social y a participar en la dirección de los asuntos públicos,
consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades
públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis.
La CIDH ha recibido información sobre la persistencia de detenciones
arbitrarias y la criminalización en contra de personas opositoras,
inclusive excarceladas, bajo procesos arbitrarios e ilegales.
Actualmente al menos 70 personas aún permanecen privadas de la libertad
bajo estas circunstancias. Particularmente, las personas detenidas
serían acusadas de tipos penales comunes, como delitos contra la
propiedad; portación, tenencia o tráfico de armas; y tráfico de drogas y
se encontrarían en diferentes cárceles del país, dificultando con ello
el registro y monitoreo sobre su situación. De acuerdo con información
de la sociedad civil, durante el 2020 se habría identificado una
dinámica en la que se detiene y libera a un número similar de personas
en el mismo periodo de tiempo, lo cual, además de causar incertidumbre
en las personas excarceladas tendría como finalidad mantener en
permanente zozobra a las personas ante el patrón de detenciones
arbitrarias como estrategia inhibitoria de acciones de protesta y negar
la existencia de presos políticos. La Comisión llama al Estado a cesar
inmediatamente el uso de la detención como forma de represión o
intimidación de la protesta o del ejercicio de derechos políticos, así
como a la pronta liberación de las personas detenidas en ese contexto.
La CIDH a través de su MESENI, también ha recibido información sobre la
intensificación del acoso a medios independientes de comunicación,
mediante la falta de acceso a fuentes de información oficiales, el
hostigamiento, amenazas y ataques a la integridad de sus trabajadores,
así como el embargo de bienes y el hostigamiento administrativo, con el
fin de entorpecer su funcionamiento. Al respecto, además de la
continuación de la clausura y toma de las instalaciones del canal 100%
Noticias y el medio digital audiovisual El Confidencial, la Comisión fue
informada sobre el embargo aduanero de insumos básicos para el
funcionamiento de los medios de prensa impresa independientes La Prensa
y El Nuevo Diario. Cuando en febrero de 2020 el embargo fue liberado, El
Nuevo Diario ya había dejado de circular, tanto en su versión impresa
como digital.
Del mismo modo, la CIDH nota la persistencia de la persecución a las
organizaciones defensoras de derechos humanos, por medio de la ocupación
de sus bienes e instalaciones, así como por la permanente vigilancia de
sus oficinas, en los casos en que éstas no han sido requisadas. La
Comisión ha sido informada específicamente sobre la falta de
restablecimiento de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de
la sociedad civil a las cuales les fue arbitrariamente cancelada y la
omisión de respuesta a los recursos legales interpuestos por éstas. En
este contexto, la CIDH destaca y saluda el trabajo del CENIDH que
continúa con sus labores de denuncia y defensa de los derechos humanos
en Nicaragua. Asimismo, reconoce la labor de la CPDH, que trabaja en el
país pese a la permanente intimidación y vigilancia policial de sus
instalaciones, incluso desplazándose a diversos territorios dentro de
Nicaragua, para recoger información sobre la situación de derechos
humanos. Ambas organizaciones son beneficiarias de medidas provisionales
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por otra parte, la Comisión rechaza la revictimización que sufren
familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos en
Nicaragua como consecuencia de la continuación de la represión y la
ausencia de medidas tendientes a garantizar el derecho a la verdad, el
acceso a la justicia y la reparación. La CIDH expresa su reconocimiento
a las personas y organizaciones que, en medio del dolor de la pérdida de
sus seres queridos y los ataques contra su integridad, como es el caso
de la Asociación de las Madres de Abril (AMA), entre otras, siguen
trabajando incansablemente, inclusive desde el exilio, en el registro de
hechos, testimonios, información, denuncias y construcción de memoria.
Ese valioso trabajo de recopilación y constatación de información, junto
con el realizado por la Comisión desde el inicio de la crisis de
derechos humanos, permite sentar las bases de procesos de verdad y
justicia. La Comisión recuerda que el acceso a la justicia, el
conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa
reparación exigen la participación de las víctimas como requisito de
legitimidad de cualquier mecanismo que persiga la protección de sus
derechos y la superación de la crisis.
La CIDH destaca que, este segundo aniversario de la crisis de derechos
humanos en Nicaragua, ocurre en medio de los efectos de la pandemia
global del COVID-19. Al respecto, el pasado 8 de abril, la Comisión
manifestó su profunda preocupación por la ausencia de medidas destinadas
al distanciamiento físico o social como mecanismo para contener la
pandemia en el país, según las recomendaciones de los organismos
internacionales especializados. Adicionalmente, en el contexto del grave
deterioro de las instituciones democráticas y la falta de confianza
pública que afecta al país, la CIDH expresó su preocupación por la falta
de medidas positivas para proporcionar información pública, fidedigna,
transparente y pormenorizada sobre aspectos esenciales en el manejo de
la crisis, así como respecto a las medidas y protocolos para proteger
los derechos de las personas privadas de la libertad. La CIDH hace un
llamado al Estado nicaragüense a cumplir con las recomendaciones
formuladas a través de sus diferentes mecanismos y, en particular, en su
Resolución 01/2020 Pandemia y derechos humanos en las Américas.
Finalmente, la Comisión resalta que, desde el 18 de abril de 2018 ha
desplegado la integralidad de sus mecanismos convencionales para dar
respuesta a la grave crisis en el país. En mayo de 2018, la CIDH creó
una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) y en
el mismo mes realizó una visita de trabajo a Nicaragua con el objetivo
de observar en el terreno la situación de los derechos humanos y emitir
las primeras recomendaciones al Estado. En junio de 2018, la CIDH
instaló el MESENI y, posteriormente, en julio de 2018, el GIEI. A partir
de la suspensión de la presencia del MESENI en el país y de las visitas
de la Comisión, por parte de las autoridades estatales, en diciembre de
2018, el MESENI continúa dando seguimiento a la situación de derechos
humanos y al cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado
desde la sede la CIDH, y mediante la realización de visitas a otros
países de la región. En este contexto, la Comisión reitera que la
situación de Nicaragua y el acompañamiento a las víctimas y sus
familiares continuará siendo una prioridad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 080/20