Colombia: CIDH expresa preocupación por la violencia en la región Pacífico y el impacto en pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas

1 de septiembre de 2023

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los elevados niveles de violencia en la región Pacífico de Colombia y por sus impactos en los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. En este contexto, insta al Estado a redoblar esfuerzos para atender los factores estructurales y enfrentar de manera decidida la violencia en el país y la discriminación histórica que padecen estos colectivos.

De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad y organismos internacionales, la violencia en la región Pacífico deriva, mayoritariamente, de factores de discriminación histórica, de los conflictos armados en el país y de la disputa entre grupos armados por economías ilegales. Estos hechos suceden en territorios caracterizados por una débil presencia del Estado y elevados porcentajes de pobreza y extrema pobreza. Estos elementos redundan en vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al acceso a la justicia y a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La magnitud de la violencia se puede observar en la persistencia de desplazamientos forzados, masivos e individuales, y en las situaciones de confinamiento. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) contabilizó, entre enero y junio de 2023, el desplazamiento masivo de 26.915 personas, relacionado predominantemente con confrontaciones armadas y el desplazamiento individual de 34.212 personas, vinculado generalmente con homicidios selectivos, amenazas e intentos de reclutamiento forzado. Asimismo, el CIRC registró, en el primer semestre del año, 22.755 personas en situación de confinamiento.

En la región Pacífico se concentran más del 90% de las víctimas de desplazamiento forzado y 84% de las personas en situación de confinamiento, estos hechos son especialmente graves en los departamentos de Nariño y Chocó respectivamente. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destaca que en 2023 el 45% de las víctimas de desplazamiento son personas afrodescendientes y el 32% son personas indígenas, mientras que las víctimas de confinamiento son en un 37% personas afrodescendientes y en un 25% personas indígenas.

Asimismo, la CIDH observa con preocupación que, según la OCHA, el 24% de las personas desplazadas masivamente en 2022 y 2023, aproximadamente 75 mil personas, no han regresado a sus territorios. Esto sienta las bases de futuras violaciones a los derechos de estas personas; por un lado, reproduce las disputas territoriales, las cuales han alimentado tanto el conflicto armado como las situaciones de violencia, en especial contra personas con liderazgo que encabezan las reivindicaciones por la propiedad de las tierras. Por otro lado, las personas desplazadas se ven expuestas a la debilidad de la respuesta de las instituciones estatales y, en buena parte de los casos, terminan asentándose en las periferias urbanas en condiciones de alta precariedad social y económica.

El Estado informó a la CIDH que entre febrero y mayo del 2023, atendió a 50.421 víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, 21.204 se encuentran en la región Pacífico y más de la mitad son niñas, niños y adolescentes.

Según información recabada, los grupos armados han instalado campamentos en zonas aledañas comunidades indígenas y tribales, o cohabitando en las mismas, lo que ha implicado un fuerte incremento en el control cotidiano de estos territorios y sus habitantes provocando serios impactos sociales, así como sobre la libre autodeterminación y la seguridad. En particular, se destacan las restricciones de la movilidad en determinadas zonas y horarios impuestos por dichos grupos, así como las afectaciones a la gobernabilidad de las autoridades tradicionales, debido a la determinación de dichos grupos de incidir en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de las comunidades. Esta influencia se ejerce a través de amenazas, hostigamientos y asesinatos de personas con liderazgo, pero también con actos de corrupción y de financiación de actividades y necesidades básicas de las comunidades que no encuentran caminos institucionales para ser resueltas.

En este contexto, las muestras de poder y recursos materiales son utilizadas para presentar a los grupos armados ilegales como un medio más eficaz de transformación social y personal, lo que es usado como una estrategia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Adicionalmente, la Comisión fue informada sobre el incremento de los casos de violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente indígenas y afrodescendientes. Además, se ha registrado un aumento de los feminicidios y desapariciones de mujeres, en particular, afrocolombianas. Una lideresa afirmó que a "las mujeres negras no solo nos toca luchar para vivir con dignidad, sino que toca hacer incidencia para poder morir con dignidad". Las organizaciones advierten que, debido al control territorial ejercido por los grupos armados, al que se suma la ausencia del Estado, estos casos no son denunciados ante las instituciones.

El Estado informó sobre el registro de 158 delitos sexuales en la región Pacífico sucedidos entre 1 de enero y 30 de mayo de 2023. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que en este mismo período ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 63 niñas, niños y adolescentes indígenas de la región Pacífico, el 83% son niñas y adolescentes mujeres. La Fiscalía General de la Nación afirmó que abrió 39 procesos de investigación por violencia sexual en contra de personas afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó en 2023.

La Comisión observa que la conjunción de estos procesos ha provocado la desarticulación del tejido social y las formas de organización comunitaria, lo que ha puesto en riesgo la propia existencia de las colectividades indígenas y tribales del país.

En este contexto, el Estado informó que la Oficina del Alto Comisionado para La Paz ha reactivado la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que es una de las organizaciones armadas que operan en la Región Pacífico. Con este grupo se suscribió un Acuerdo de Cese al Fuego Nacional Bilateral y Temporal que entró en vigencia el 3 de agosto de 2023.

En relación con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) ha establecido un diálogo con las autoridades indígenas para abordar el tema del reclutamiento y desarrollar estrategias de prevención desde un enfoque diferencial basado en la etnia y el territorio.

Al respecto, se tuvo conocimiento de que la Policía Nacional coadyuva a informar, sensibilizar, identificar y reducir los factores originadores de riesgo relacionados al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, por parte de los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados.

A su vez, el Estado destacó como una de sus prioridades el abordaje integral de las violencias basadas en género, entre las que se reconocen las violencias sexuales. En este sentido, estableció una hoja de ruta que prevé la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género, con el objeto de reportar información, tomar las medidas de prevención y atención que se deriven de las alertas que emita al Sistema. También ha destacado la declaración de emergencia de la violencia de género y las iniciativas de cooperación técnica con agencias de Naciones Unidas para la implementación de acciones que promuevan los derechos de mujeres, niñas y adolescentes con enfoque diferencial.

De otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está coordinando una estrategia de intervención en la región del Pacífico para abordar la situación de comunidades étnicas desplazadas y confinadas en las cuencas de los ríos Calima y San Juan. Se han activado asambleas comunitarias y una reunión interinstitucional preparatoria en colaboración con diversas entidades gubernamentales y organizaciones étnicas. El objetivo principal es recoger propuestas de retorno y reubicación de estas comunidades, considerando proyectos productivos, tierras, educación y otros aspectos clave para una respuesta integral. Las asambleas se llevarán a cabo en septiembre de 2023 en diferentes localidades.

La CIDH reconoce y alienta los esfuerzos del Estado destinados a la búsqueda de paz y a las transformaciones estructurales que supone la implementación integral de los Acuerdos de Paz. En este contexto, subraya el derecho de las víctimas a participar en las instancias que busquen darle fin a estos conflictos y en los mecanismos de verificación del cumplimiento. La participación es fundamental para garantizar que se incorpore un enfoque étnico-racial, de género y territorial.

La Comisión recuerda las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Colombia respecto de su deber de garantizar la vida, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas y tribales, así como de garantizar de forma práctica y efectiva el ejercicio de sus derechos. Por último, la CIDH insta al Estado a investigar estas situaciones diligentemente, y con la debida diligencia reforzada en los casos de violencia sexual, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. La Comisión subraya y recuerda el derecho de las víctimas de acceder a la justicia, así como la centralidad del mismo como medida de no repetición.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 208/23

9:35 AM