REDESCA alerta sobre el impacto de la minería ilegal de oro y urge garantizar un medio ambiente sano

18 de marzo de 2025

Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los efectos devastadores que la minería ilegal de oro está causando en el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades en la región. Esta actividad ilícita ha generado graves impactos en las comunidades indígenas, la biodiversidad y la estabilidad social de la región.

Durante una audiencia temática ante la CIDH en noviembre de 2023, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la magnitud de los impactos ambientales y sociales derivados de la minería ilegal, abordando específicamente la situación en varios países, como es el caso de Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú. Se destacó que la contaminación por mercurio en ciertas cuencas fluviales ha alcanzado niveles alarmantes, afectando la salud de comunidades indígenas y locales, especialmente en la región amazónica. Además, la expansión descontrolada de esta actividad en ecosistemas de alta biodiversidad ha devastado áreas protegidas y territorios ancestrales, exacerbando la crisis ambiental y social.

En Colombia, tal como ha observado la CIDH y la REDESCA en el marco de su reciente visita in loco, la minería ilegal de oro ha sido identificada como una de las principales causas de contaminación de los ríos y desplazamiento forzado de comunidades, debido a su estrecha vinculación con economías ilícitas y grupos armados ilegales. En algunas regiones, esta actividad es utilizada como fuente de financiamiento para estructuras criminales, lo que ha generado un aumento en la violencia contra comunidades rurales y personas defensoras del medio ambiente.

La CIDH y REDESCA en octubre de 2024, alertaron sobre la grave situación del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco, denunciando el desplazamiento forzado, la violencia y la crisis sanitaria derivadas de la extracción ilícita de oro. Advirtieron sobre la contaminación por mercurio, que agrava la desnutrición y la propagación de enfermedades infecciosas, y señalaron la presencia de grupos armados y redes de trata que han profundizado la crisis humanitaria en la región.

Adicionalmente, en una audiencia temática en el último periodo de sesiones sobre los derechos de los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos en Surinam, se presentó información detallada sobre los graves impactos ambientales y sociales asociados a la minería de oro en el país. Se destacó que la minería ilegal, así como la minería artesanal y de pequeña escala, están teniendo efectos devastadores en el medio ambiente debido al uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. Estas prácticas han resultado en la contaminación de fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades locales y envenenando a las poblaciones desde hace décadas.

En algunos países, la explotación minera de oro, aunque legal, opera bajo estructuras jurídicas que permiten la elusión de regulaciones ambientales, o se desarrolla sin mecanismos de supervisión eficaces, reproduciendo muchas de las problemáticas identificadas en relación con la minería ilegal. En varios casos, estas actividades se benefician de excepciones fiscales, flexibilización de normativas ambientales y otros incentivos que les permiten operar dentro de un marco de aparente legalidad, pero con impactos negativos significativos en los ecosistemas y las comunidades locales.

La REDESCA toma nota de la existencia de iniciativas normativas que podrían comprometer la protección de los derechos humanos y el medioambiente de no ser acompañadas de regulaciones adecuadas, mecanismos de supervisión eficaces y el respeto de los estándares interamericanos, en especial los relativos a la consulta previa, libre e informada.

La CIDH ya ha analizado, por ejemplo, los impactos ambientales y en la salud humana derivados del uso de mercurio en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala en Bolivia, como parte de su informe más reciente sobre la situación del país. Lo que previamente había sido objeto de una audiencia temática, en la que organizaciones denunciaron una falta de regulación adecuada del uso e importación de mercurio para la realización de actividades mineras.

También la Relatoría Especial ha tomado nota de los casos en los que los países han establecido prohibiciones a la minería a cielo abierto, como ocurrió en Honduras a partir de 2022; que ha sido documentado en el informe más reciente de la Comisión sobre el país. Sin embargo, existen informes que dan cuenta de la persistencia de estas actividades. Por ejemplo, en la mina San Andrés, donde se han reportado afectaciones al medio ambiente, así como a los derechos de las comunidades y sus territorios.

Asimismo, otro de los casos bajo análisis de la Relatoría Especial es el relativo a El Salvador; que, luego de prohibir la minería metaliza en 2017, ha derogado dicha medida al aprobar el 23 de diciembre de 2024 una nueva Ley General de Minería Metálica que reintroduce la minería en el país. Esta iniciativa ha despertado preocupaciones entre personas expertas y defensoras del medioambiente, ante una posible contaminación de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y cobertura forestal.

La REDESCA advierte que, aunque diversos tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han establecido marcos regulatorios clave para mitigar el impacto ambiental y social de la minería de oro y promover la gobernanza ambiental basada en derechos humanos, persisten importantes brechas en su ratificación y aplicación efectiva. Aún en los Estados parte, la implementación de medidas concretas conforme a sus obligaciones y compromisos internacionales ha sido desigual, con casos en los que la falta de mecanismos de fiscalización y cumplimiento ha debilitado el impacto de estas normativas en la práctica. Frente a este panorama, la REDESCA considera fundamental promover la ratificación de los instrumentos mencionados, así como que la cooperación regional se fortalezca para garantizar su implementación efectiva.

La Relatoría Especial destaca que los casos de superposición de territorios indígenas con áreas protegidas, la expansión de actividades extractivas y la concesión de derechos mineros en territorios indígenas sin procesos adecuados de consulta previa, libre e informada, agravan la vulnerabilidad de las comunidades. Ante esta realidad, la REDESCA hace un llamado a los Estados para que prioricen la demarcación, titulación y protección efectiva de los territorios indígenas expuestos a la minería, asegurando su derecho a la autodeterminación y su participación en la toma de decisiones sobre proyectos extractivos en sus territorios. Asimismo, insta a los Estados a fortalecer los marcos regulatorios y los mecanismos de supervisión, garantizando el cumplimiento de estándares interamericanos en materia de derechos humanos y protección ambiental en todas las actividades mineras, independientemente de su estatus legal.

Por último, la REDESCA hace un llamado urgente a los Estados de la región a fortalecer la cooperación internacional para erradicar la minería ilegal desde un enfoque de derechos humanos y sostenibilidad. Es imperativo que los Estados implementen estrategias conjuntas para combatir la expansión de esta actividad ilícita, reforzando el intercambio de información, la trazabilidad de los recursos extraídos y el control del comercio de insumos esenciales, como el mercurio.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia. 

No. RD054/25

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