CIDH preocupada por medidas de Estados Unidos que impactan el ejercicio efectivo de los derechos humanos

31 de marzo de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos que pueden afectar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. En cumplimiento de su mandato de promover la observancia y protección de los derechos humanos en todo el continente americano, la CIDH insta a Estados Unidos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto debe llevarse a cabo en estricto apego a sus compromisos internacionales y en alineación con los estándares interamericanos de derechos humanos aplicables, en particular consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Estados Unidos ha sido reconocido durante mucho tiempo como un firme defensor de la promoción y protección de los derechos humanos, basado en su compromiso histórico con los principios democráticos, el estado de derecho y las libertades fundamentales. Su marco constitucional, su poder judicial independiente, la libertad de prensa y su activa sociedad civil han servido como pilares de la rendición de cuentas y el progreso, reforzando la dedicación de la nación a la protección de las libertades individuales y los principios de igualdad y justicia. Sin embargo, en los últimos meses, el continuo monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, así como informes de organizaciones de la sociedad civil plantean preocupaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno federal en el goce efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en particular de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH expresa su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno federal para detener y deportar a académicos nacidos en el extranjero, que residen y trabajan legalmente en Estados Unidos, en respuesta a su discurso político y a su activismo respecto de los conflictos en el Medio Oriente. La Comisión ha identificado al menos tres de esos casos, entre ellos el de Mahmoud Khalil, recién graduado de la Universidad de Columbia; Rasha Alawieh, profesora de la Universidad de Brown; y Badar Khan Suri, becario postdoctoral de la Universidad de Georgetown.

Además, la Comisión ha recibido informes de personas a las que se les ha negado la entrada al país en base a mensajes privados críticos de la actual administración, como en el caso de un científico del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. La CIDH recuerda a Estados Unidos su compromiso interamericano de defender el derecho a la libre libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión de ideas, tal como se establece en la Declaración Americana.

Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la decisión de cancelar el financiamiento federal a las universidades donde se han producido protestas lideradas por estudiantes. Dichas cancelaciones han sido condicionadas al cumplimiento de las demandas que requieren acciones disciplinarias contra los estudiantes manifestantes, incluida la expulsión y suspensiones multianual, así como restricciones sobre el tiempo, el lugar y la forma de futuras manifestaciones en el campus. En conjunto, estas medidas contribuyen a un ambiente de autocensura y están en contradicción con los principios establecidos en la Declaración Americana, que afirma el derecho de reunión pacífica sobre asuntos de interés común.

La Comisión ha tomado conocimiento de acciones ejecutivas adicionales que restringen el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo cambios y exclusiones a la acreditación de periodistas que cubren el gobierno federal; investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) sobre emisoras por contenido considerado crítico con la administración; y recortes de fondos a medios de comunicación nacionales e internacionales. Estas medidas corren el riesgo de debilitar el acceso del público a fuentes de información plurales, independientes y confiables y, en conjunto, señalan una tendencia preocupante de reducción del espacio cívico.

Con respecto a la movilidad humana, la Comisión continúa observando la detención y deportación de migrantes en condiciones contrarias a los estándares internacionales y que podrían caracterizar violaciones al debido proceso y al derecho a la protección contra la detención arbitraria, reconocido en la Declaración Americana. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de políticas que restringen el acceso a los procedimientos migratorios regulares y a los mecanismos de protección internacional, como ya lo ha señalado la CIDH en un comunicado anterior.

En febrero, casi 300 personas deportadas fueron trasladadas a un tercer país y recluidas en un hotel, antes de que algunas de ellas fueran reubicadas en un campo en una selva tropical, donde, según informes, se enfrentaban a condiciones precarias e inadecuadas. En marzo, más de 200 ciudadanos venezolanos, presuntamente vinculados a la organización criminal "Tren de Aragua", fueron deportados a un tercer país para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Esta acción se llevó a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Enemies Act), una disposición legal que se aplicaba históricamente en tiempos de guerra y que parece haberse implementado sin el pleno apego a las garantías del debido proceso.

Si bien reconoce que los Estados tienen el derecho de establecer sus políticas migratorias, la CIDH reitera su llamado a Estados Unidos a adoptar medidas que garanticen la protección de los derechos de todas las personas en movilidad humana bajo su jurisdicción o control efectivo. Además, insta al Estado a proporcionar condiciones adecuadas de retorno, a prevenir expulsiones forzadas que no evalúen las posibles necesidades de protección internacional y a mantener las garantías del debido proceso, en particular en los procedimientos que puedan resultar en la deportación.

Con respecto al derecho a la igualdad consagrado en la Declaración Americana, el 27 de enero, una Orden Ejecutiva prohibió a las personas trans servir en el ejército, lo que posibilitaría la expulsión de aproximadamente 15.000 miembros del servicio. Esta última política fue suspendida por una jueza federal, quien consideró que la prohibición podría violar la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos. Esta medida, adoptada en conjunto con la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno y las universidades, puede exacerbar los prejuicios contra las personas LGBTI, restringir la accesibilidad para las personas con discapacidad y reforzar el racismo estructural contra las personas afrodescendientes. La CIDH reitera que el Estado debe garantizar la igualdad real y la no discriminación y adoptar medidas para erradicar los efectos de la discriminación histórica.

Por último, la Comisión desea subrayar que muchas de las medidas a las que se hace referencia en el presente comunicado han sido objeto de impugnaciones legales ante los tribunales de los Estados Unidos, lo que refleja el funcionamiento continuo del sistema de pesos y contrapesos en el país, como mencionado anteriormente. Sin embargo, la Comisión ha observado con preocupación las declaraciones públicas de altos funcionarios que podrían socavar la credibilidad e independencia del Poder Judicial. La separación de poderes y la independencia de los poderes del Estado son elementos esenciales de la democracia representativa, y cualquier acción que pueda percibirse como que ejerce una influencia indebida sobre los procesos judiciales o desacredita la legitimidad de las decisiones judiciales interfiere con esta separación y posiblemente incluso con el Estado de derecho. Como mínimo, la crítica intemperante al poder judicial corre el riesgo de erosionar la confianza pública en la administración de justicia. La CIDH destaca la importancia de defender la autonomía del Poder Judicial y asegurar que los actores judiciales puedan desempeñar sus funciones libres de presiones externas, injerencias o cualquier forma de represalia.

En vista de lo anterior, la Comisión insta a Estados Unidos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la protección de la libertad de expresión, la garantía de la igualdad de trato ante la ley, la salvaguardia del debido proceso, la garantía de un trato digno para todas las personas y el respeto del derecho a solicitar protección internacional.

Además, la Comisión expresa su confianza en que la larga tradición de los Estados Unidos en la defensa de los principios de la democracia representativa, tanto dentro de su marco nacional como como promotor clave en los foros regionales y mundiales, continuará guiando sus políticas y prácticas. La CIDH reafirma su compromiso de seguir de cerca la evolución de la situación de los derechos humanos y sigue dispuesta a entablar un diálogo constructivo y de cooperación con Estados Unidos en la búsqueda del fortalecimiento de la protección de los derechos y libertades fundamentales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

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