La REDESCA urge a garantizar los derechos humanos en la extracción de minerales para la transición energética

22 de abril de 2025

Washington, DC—En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, la REDESCA recuerda que superar el modelo basado en los combustibles fósiles —responsable de una parte sustancial de la crisis climática— es una prioridad urgente e impostergable. Sin embargo, enfatiza que el impulso hacia una transición energética no debe reproducir las mismas lógicas de despojo, desigualdad y extractivismo. Es indispensable avanzar hacia una transición justa que respete los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano, desde las primeras decisiones estratégicas hasta la implementación territorial de los proyectos.

América Latina y el Caribe desempeñan un papel crucial en la transición energética global, debido a sus vastas reservas de minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, fundamentales para tecnologías limpias como baterías, paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento. La creciente demanda de estos minerales está impulsada por sectores clave de la transición energética, como la energía solar fotovoltaica y eólica, la expansión de redes eléctricas —que requieren cobre y aluminio— y el acelerado desarrollo de la movilidad eléctrica. En 2023 se vendieron casi 14 millones de vehículos eléctricos en el mundo, lo que representó un aumento del 35 % respecto al año anterior, y se estima que en 2024 se alcancen los 17 millones, consolidando una participación del 20 % en el total de ventas de automóviles. A medida que se acelera la crisis climática, la comunidad internacional ha reafirmado la urgencia de una transición justa y equitativa lejos de los combustibles fósiles. No obstante, aunque esta transformación representa una oportunidad para el crecimiento económico y la descarbonización, también plantea riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental, los recursos hídricos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales. Frente a ello, resulta urgente fortalecer los marcos de gobernanza, promover inversiones responsables y garantizar el cumplimiento de altos estándares ambientales y de derechos humanos, de modo que la transición energética no se construya a costa de los derechos fundamentales ni de los ecosistemas.

Durante la audiencia temática celebrada en noviembre de 2024 ante la CIDH, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Relatoría Especial sobre los graves impactos ambientales y sociales que ya se están produciendo como consecuencia del desarrollo acelerado de la minería vinculada a la transición energética. Se advirtió sobre la contaminación de cuencas hídricas, la afectación a ecosistemas frágiles y territorios ancestrales, así como el incremento de conflictos socioambientales y amenazas contra comunidades locales, pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. Las organizaciones también denunciaron la falta de garantías en el acceso a la información, la participación pública y la consulta previa, libre e informada, así como una ausencia de evaluaciones previas, integrales e independientes de sus impactos en los derechos humanos y el ambiente. Todo lo cual profundiza la vulneración de derechos humanos en estos contextos.

La REDESCA ha recibido información preocupante sobre proyectos extractivos vinculados al litio que avanzan sin consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y locales. En varios casos se han vulnerado protocolos comunitarios y restringido el derecho a oponerse. También se han reportado actos de hostigamiento a personas defensoras y limitaciones al acceso a información ambiental. Se ha documentado, además, el secado de cursos de agua y la extracción intensiva de recursos hídricos en humedales altoandinos, afectando la fauna local y sitios sagrados sin consentimiento de las comunidades. Asimismo, se ha informado sobre la extracción de minerales estratégicos como tungsteno, coltán y cobre en territorios indígenas y áreas protegidas, con impactos ambientales graves y contaminación hídrica. Estas actividades se desarrollan en contextos de alta conflictividad territorial y presencia de actores armados, lo que incrementa los riesgos para las comunidades y personas defensoras.

La REDESCA recuerda que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo aquellas vinculadas a la cadena de suministro de minerales críticos para la transición energética. Esta responsabilidad encuentra un desarrollo robusto en los estándares interamericanos, que establecen la obligación de los Estados de prevenir, regular, fiscalizar y sancionar los impactos empresariales sobre los derechos humanos, conforme el informe sobre Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos de la CIDH y la REDESCA. En este marco, la Relatoría Especial insta a las empresas a adoptar procesos de debida diligencia en derechos humanos, garantizar el acceso a información transparente y asegurar mecanismos efectivos de reparación para las comunidades afectadas por sus actividades.

Las Américas enfrentan el desafío complejo de equilibrar la creciente demanda global de minerales con la protección de los ecosistemas y los derechos humanos, en particular los de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales que se encuentran en la primera línea de los impactos de la transición energética. Para evitar que se reproduzcan desigualdades históricas y que escalen los conflictos socioambientales, es indispensable fortalecer marcos regulatorios vinculantes, promover políticas públicas inclusivas y asegurar el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.

La REDESCA reafirma que una verdadera transición energética justa no puede sostenerse en modelos extractivos que replican lógicas de desigualdad y sacrificio. Es tiempo de avanzar hacia un nuevo paradigma basado en ideas de justicia social y el respeto a los derechos humanos, donde los territorios y las comunidades no sean el costo del cambio, sino protagonistas de una transformación justa y sostenible.

El derecho a un medio ambiente sano, reconocido por el sistema interamericano como autónomo y justiciable, constituye un pilar esencial para una transición energética verdaderamente justa. Ello implica obligaciones concretas de los Estados en materia de regulación, supervisión, fiscalización ambiental, realización de estudios de impacto ambiental rigurosos, así como la garantía plena de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. En sectores emergentes como la minería en el lecho marino, el principio de precaución cobra especial relevancia, máxime ante los actuales debates impulsados en el marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Frente a reformas normativas regresivas que buscan flexibilizar controles en algunos países de la región, la REDESCA llama a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales sin retrocesos.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia. 

No. RD077/25

10:46 AM