Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante reportes que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en Colombia, así como al uso de la fuerza en el marco de operaciones militares. En particular, la CIDH expresa su condena y rechazo ante la información de la muerte de, por lo menos, una adolescente durante un operativo militar desarrollado el 2 de marzo de 2021 en el departamento de Guaviare. Al respecto, la Comisión llama al Estado a realizar investigaciones exhaustivas sobre este operativo, incluyendo la identidad y edad de las víctimas, así como a continuar implementando y reforzar, de manera inmediata, las acciones para prevenir y sancionar el reclutamiento forzado por parte de grupos armados en su territorio.
La CIDH ha recibido, con alarma, la información publicada en medios sobre un operativo militar llevado a cabo el 2 de marzo de 2021 contra disidentes de las FARC en Calamar, Guaviare. Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, como consecuencia de dicho operativo, al menos 10 personas habrían fallecido. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal ha informado que se encuentra investigando las identidades de las personas fallecidas. Sin embargo, reportes preliminares, incluyendo información destacada por la Defensoría del Pueblo, indican que una adolescente de 16 años habría muerto como consecuencia del bombardeo. Según declaraciones del padre de la adolescente en medios de comunicación, ella habría perdido contacto con su familia desde enero de 2021 y podría haber sido víctima de reclutamiento forzado. Además, la Comisión toma nota de la existencia de reportes sobre el posible fallecimiento o heridas de otras niñas, niños y adolescentes durante este ataque.
Por otra parte, la CIDH toma nota de las declaraciones de autoridades del Ministerio de Defensa, indicando que, durante el operativo, se siguieron los protocolos de actuación y se logró el rescate de 2 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento.
A la vez, el Estado aportó información sobre los esfuerzos institucionales que se estarían adoptando para prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en su territorio. Entre ellos, la estrategia ‘Súmate por mí', articulada por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), con el fin de prevenir el reclutamiento en territorios de alto riesgo. De acuerdo con lo informado, dicha estrategia se empezó a implementar en el departamento del Guaviare, en atención a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 057 de 2018, 005 de 2019 y 054 de 2020; y en el marco de la misma, durante enero y febrero de 2021, se reportaron distintos logros en su aplicación, incluyendo la vinculación al programa de 144 niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Por su vez, Colombia reiteró a la CIDH su rechazo permanente al reclutamiento forzado de menores de edad por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados, indicando el Estado que tales actos ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes; asimismo, nota que autoridades estatales han anunciado denuncias penales ante el reclutamiento forzado.
No obstante, preocupa a la Comisión la ausencia de información pública que permita comprender, los hechos denunciados, las identidades y edades de las víctimas, particularmente, ante los continuos reportes de reclutamiento forzado en el país. Más allá, preocupa a la Comisión la calificación realizada por autoridades del Ministerio mencionado relativa a que niñas, niños y adolescentes reclutados se pueden convertir en "máquinas de guerra".
Ante lo anterior, la CIDH urge al Estado colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido; localizar a las niñas, niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce e identificar a las víctimas que perdieron su vida como consecuencia del operativo militar mencionado.
En esa línea, la Comisión insta al Estado colombiano adoptar medidas para investigar estos hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y con la debida diligencia. Estas investigaciones deben estar orientadas a establecer las identidades, edades y circunstancias de las muertes de todas las personas que fallecieron en ese operativo. De ser el caso, los responsables materiales e intelectuales de los hechos y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables de delitos, deberán ser enjuiciadas y sancionadas de conformidad con la ley y los estándares interamericanos, garantizando efectiva reparación a las víctimas y sus familias, así como su no repetición. Asimismo, la CIDH llama a la investigación de los responsables del reclutamiento forzado, velando por que los casos no queden en la impunidad.
Sobre el contexto general de vulnerabilidad en este contexto, la CIDH destaca que la Defensoría del Pueblo ha emitido 157 alertas tempranas desde 2017, advirtiendo el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Según lo informado por esa institución, en 2020 se conocieron 83 casos de reclutamiento; en similar sentido, la información aportada por el Estado indica que el reclutamiento sigue siendo una práctica utilizada por los grupos armados organizados, reportándose 460 niños, niñas y adolescentes habrían sido reclutados forzadamente desde la firma del Acuerdo Final suscrito en 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Esta problemática ha sido analizada en distintos informes de la CIDH, incluyendo el Informe "Verdad, Justicia y Reparación" y el Informe Anual 2019, en el que tomó nota de la apertura del caso No. 0007 de la Jurisdicción Especial para la Paz denominado "Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado".
En ese orden, la Comisión recuerda que niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas de reclutamiento forzado. De esta manera, llama al Estado a redoblar esfuerzos para seguir adoptando, así como fortalecer y ejecutar medidas efectivas para la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado, priorizando su interés superior. Para el efecto, la CIDH señala la necesidad de que el Estado, en atención a sus obligaciones internacionales y en continua atención de las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría, redoble sus esfuerzos en la adopción de medidas de prevención del reclutamiento forzado, tales como el encuentro planificado para el mes de marzo para el auto reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y mejoramiento de sus capacidades de protección y autoprotección frente al reclutamiento; así como, implementar políticas que promuevan la rehabilitación e integración social de las niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
No. 064/21