CIDH Y REDESCA urgen a los Estados a adoptar medidas integrales para la protección efectiva de las personas en situación de calle en las Américas

11 de mayo de 2023

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) siguen con atención la situación de vulneración sistemática de derechos humanos que experimentan las personas en situación de calle en las Américas, la cual se agravó durante la pandemia. Ante este panorama, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA hacen un llamado urgente a los Estados de la región a adoptar medidas y políticas estructurales, hasta el máximo de los recursos disponibles, para garantizar los derechos humanos de estas personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la garantía de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), incluyendo los derechos a la vivienda, salud, seguridad social, alimentación, agua y saneamiento, entre otros.

La CIDH y la REDESCA observan que las personas en situación de calle, entendidas como aquellas que carecen de una vivienda estable, segura y adecuada –aunada a la privación generalizada de otros derechos-, hacen parte de un grupo en condición de vulnerabilidad que requiere especial atención. Lo anterior considerando particularmente el abandono y marginación social en la que se encontrarían, así como por no contar con un lugar distinto al espacio público para desarrollar su vida íntima y social.

En atención a esta situación, la Comisión y la REDESCA toman nota de que, tal como han indicado ONU Hábitat y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, entre otros actores, esta situación, además de tener múltiples causas complejas, también puede evidenciarse de distintas maneras, incluyendo no solo vivir en espacios abiertos, tales como la vía pública, sino también en vehículos, en alojamientos temporales de emergencia, en campamentos o refugios temporales, así como en viviendas inadecuadas e inseguras, como pueden ser los asentamientos informales.

Por otro lado, es relevante constatar que la pandemia impactó de sobremanera a las personas en situación de pobreza y, aún con más fuerza, a la población en situación de calle. Al respecto, de acuerdo a datos de CEPAL, se ha experimentado un fuerte aumento en los índices de pobreza extrema en la región, lo que se ha reflejado, entre otros, en el incremento de cerca de 5 millones de personas tan solo entre 2020 y 2021. Así, para 2021, la pobreza habría alcanzado al 32,1% de la población de América Latina -aproximadamente 201 millones de personas- y la pobreza extrema a un 13,8% -86 millones de personas-. Es así como se habrían alcanzado niveles que no se habían visto desde al menos hace una década. Igualmente, la CEPAL ha señalado que durante la pandemia se han multiplicado los asentamientos informales precarios y las personas en situación de calle.

En este contexto, la CIDH y la REDESCA manifiestan su preocupación por la falta de datos desagregados sobre las personas en situación de calle a nivel regional, lo cual constituye un obstáculo para comprender el impacto diferenciado que la crisis sanitaria tuvo sobre este grupo y para la implementación de políticas públicas que mejoren su contexto habitacional. En este sentido, la ausencia de un registro preciso y adecuado constituiría en sí misma otra vulneración a sus derechos.

La Comisión y la REDESCA destacan que la falta de un hogar, además de configurar una forma de discriminación sistemática y de exclusión social para las personas afectadas, es una causal de discriminación adicional para aquellos colectivos o grupos en mayor situación de vulnerabilidad. En ese sentido, personas que sufren discriminación por razón de raza, edad, origen étnico, lugar de origen, situación socioeconómica, situación familiar, género, discapacidad mental o física, estado de salud, orientación sexual y/o identidad de género son grupos mayormente propensos a enfrentar obstáculos para acceder a una vivienda temporal o permanente en condiciones de habitabilidad, quedando expuestos a convertirse en personas sin hogar y sufrir las consecuencias de ser objeto de una mayor estigmatización, criminalización, hostigamiento u otras amenazas en caso de estar y/o quedar en situación de calle.

En atención a esta situación de vulnerabilidad de las personas en situación de calle, la Comisión y la REDESCA enfatizan que, de conformidad con los estándares universales e interamericanos, los Estados tienen obligaciones inmediatas de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas a garantizar los DESCA sin discriminación, a través de todos los medios apropiados, incluyendo la adopción de medidas legislativas. Para tal fin, se hacen imprescindibles medidas para asegurar la satisfacción de los mínimos esenciales de cada uno de estos derechos. En el caso particular del derecho a la vivienda y las personas en situación de calle, los Estados deben adoptar medidas para hacer frente a la falta sistemática de vivienda y a la privación de la misma, tal como fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 37/4 de 2018.

Por lo anterior, la Comisión y la REDESCA hacen un llamado enfático a tomar acciones urgentes para garantizar los derechos humanos y, particularmente, los DESCA, de las personas en situación de calle. Para estas medidas es fundamental adoptar un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad, que contemple políticas estructurales de tipo preventivo. La protección social de las personas en situación de calle debe ser prioritaria para los Estados, los que deben promover la sensibilización de sus instituciones, fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto sobre los derechos humanos que la población, buscando generar solidaridad con las circunstancias y traumas que las personas sin hogar experimentan.

Finalmente, se llama a los Estados a combatir la estigmatización y discriminación de las personas en situación de calle, así como la adopción de políticas económicas y fiscales que garanticen soluciones sostenibles a largo plazo frente a esta situación. En esta línea, deben prestar especial atención a desafíos tales como los aumentos desmedidos en los costos de vivienda, los desalojos forzosos, los impactos de la emergencia climática, los desastres naturales, entre otros. Por último, para posibilitar políticas públicas efectivas, se insta a hacer un relevamiento de datos comprensivo y desagregado sobre las personas en situación de calle, que visibilice su contexto habitacional y permita hacer un seguimiento pormenorizado de los avances de las medidas implementadas.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 085/23

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