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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa su profunda preocupación por el agravamiento de la situación de
violencia y desabastecimiento en Haití. La CIDH hace un llamado al Estado a
respetar las manifestaciones y le urge a iniciar un diálogo con todos los
actores involucrados a fin de buscar una solución pacífica a la grave crisis
política y económica que atraviesa el país. En respuesta a estos graves
hechos, la CIDH decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta
Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de monitorear y dar respuesta a
la situación de derechos humanos en Haití.
La CIDH ha venido monitoreando los hechos y el uso de la fuerza que se
iniciaron el 7 de febrero en Haití. En el marco de las protestas contra la
corrupción y la situación económica se produjeron distintos sucesos tales
como: bloqueos de calles, avenidas y carreteras; violencia dirigida a
manifestantes; disparos esporádicos; detenciones de personas; dificultades
en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el
agua potable y la salud; desabastecimiento de carburos, gas y electricidad;
paro parcial y/o total de las actividades económicas; cierre de escuelas;
cierres de aduanas portuarias y aeropuertos; y un impacto serio al
funcionamiento de los servicios públicos. Lo anterior ha resultado en la
muerte de al menos 26 personas y en más de 77 personas heridas, según
información de UNICEF.
La CIDH observa que en respuesta a la grave situación en la que se
encuentra el país, el 16 de febrero el Presidente Jovenel Moïse adoptó 9
medidas de urgencia: el corte del presupuesto del Primer Ministro en un 30%
y la eliminación de privilegios de los funcionarios altos del Estado; una
auditoría de las empresas autónomas del Estado por parte de la Corte
Superior de Cuentas; la recuperación de al menos 50% de las pérdidas
económicas aduaneras y fronterizas a causa del contrabando de mercancías; la
eliminación de monopolios; la mejora en condiciones salariales para obreros
manufactureros; la recuperación del dinero perdido por el asunto PetroCaribe,
a través de la designación de un nuevo director para la Unidad Central de
Información Financiera y un nuevo director para la Unidad de Lucha contra la
Corrupción, la acción rápida por parte de la Comisión de Gobierno sobre el
expediente e informe de la Corte Superior de Cuentas, y la designación de
más jueces por parte del Consejo Superior del Poder Judicial para la
atención al expediente PetroCaribe; la creación y funcionamiento del Consejo
de Administración; la puesta en marcha de los fondos de desarrollo
industrial para fortalecer la economía y el acceso al crédito; y, la
disminución de precios de productos de necesidad básica.
Frente a la continuación de la violencia y las protestas en Haití, la
CIDH hace un llamado al Estado a respetar el ejercicio de la protesta
social, que es una de las formas de ejercicio del derecho de reunión y de la
libertad de expresión que reviste un interés social fundamental para
garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático, y que no puede
ser vista como una amenaza al orden público. Igualmente, hace un llamado al
Estado haitiano a garantizar que en las movilizaciones sociales que se
realicen en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica, se
protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad
personal de todos y todas quienes se manifiestan.
Sobre esto, la Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de
Troitiño, apuntó que “En particular, en el contexto que vive hoy el país,
son esenciales los mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la
reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen
derecho las víctimas, especialmente las familias que han perdido a sus seres
queridos."
Al efecto, la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora para Haití, expresó
que “es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica
y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento
de electricidad, carburos, oxígeno y medicamentos para proveer servicios
básicos de agua, alimentación y salud. Lo anterior compromete la capacidad
del Estado de garantizar la vida, integridad personal y seguridad de las
personas y tiene un impacto directo en sus condiciones de vida, por lo cual
el Estado debe adoptar medidas para facilitar el acceso a servicios básicos
y para la efectiva garantía de dichos derechos.”
La CIDH expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, y llama al Estado de Haití a investigar estas muertes con debida diligencia y respeto al debido proceso, a fin de determinar responsabilidades y hacer justicia. Asimismo, la Comisión Interamericana urge a todas las partes a rechazar y cesar la violencia. La CIDH insta a las autoridades a buscar una resolución a la crisis a través de un proceso de diálogo pacífico e inclusivo, y en estricto respeto de los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 046/19