Libertad de Expresión

Comunicado de prensa R211/22

La RELE condena el asesinato del periodista Humberto Coronel en Paraguay y llama al Estado a reforzar las medidas de prevención y protección a la prensa

22 de septiembre de 2022

Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy en la ciudad Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay y en la frontera con Brasil. Esta Oficina urge al Estado investigar el crimen de forma completa, efectiva e imparcial, tomando en cuenta el trabajo informativo como un posible móvil del crimen, y sancionar a quienes resulten responsables.

Según la información disponible, el periodista Humberto Andrés Coronel Godoy fue asesinado el 6 de septiembre de 2022 cuando se encontraba a punto de abordar su automóvil frente a las instalaciones de la radio Amambay AM 570, en donde se desempeñaba como reportero. El periodista también colaboraba para el medio Mbykymi Noticias. Los reportes recibidos por esta Oficina indican que Humberto Coronel fue atacado con ocho disparos de arma de fuego por parte de un sujeto desconocido que se dio a la fuga. La fiscal general del Estado indicó que el Ministerio Público se encuentra investigando los hechos para esclarecer el crimen, y aseguró que ya se había conformado un grupo de trabajo para ello. Asimismo, en este marco, desde la Fiscalía anunciaron que ya se habría imputado a una persona por la posible autoría del crimen.

De acuerdo a información pública, en los meses pasados el periodista y su compañero de labores Gustavo Báez habían denunciado amenazas de muerte ante la Policía, que podrían estar relacionados con sus coberturas sobre crimen organizado en la zona. En ese momento, hicieron referencia a un mensaje que habían dejado en la puerta de la vivienda de Báez, donde se lo señalaba de "saber muchas cosas". La información reportada a la RELE indica que las autoridades habrían ofrecido custodia policial a los periodistas, que habría sido aceptada por Gustavo Báez pero rechazada por Humberto Coronel; y que la custodia policial asignada solía hacer guardias afuera de las instalaciones del medio. La Fiscalía General de la República de Paraguay informó que los dos agentes policiales encargados de la seguridad del sitio donde se produjo el asesinato serán investigados ya que "no se encontraban cerca del periodista al momento del ataque".

Tras el asesinato, la fiscal Katia Uemura –por entonces responsable del caso– manifestó públicamente que no podía atribuirse responsabilidad a la Policía ni a la Fiscalía pues "una persona amenazada directamente debe resguardarse" y "no estar regalándose", haciendo referencia a la supuesta negativa del reportero de aceptar medidas de protección. Según pudo conocer esta Oficina, la fiscal Uemura habría sido apartada de la investigación. La Relatoría encuentra particularmente preocupante este tipo de señalamientos, que tienen el potencial de generar nuevos actos de violencia e incrementar el riesgo inherente a la función periodística. En este sentido, la Relatoría Especial también ha señalado que dentro de la obligación de prevención del Estado se encuentran la obligación de adoptar un discurso público que se abstenga de estigmatizar a periodistas y, en cambio, reconozca el rol fundamental que cumplen en sociedades democráticas. No obstante las consideraciones anteriores, la Relatoría valora positivamente el pedido de disculpas de parte de la fiscal, quien manifestó que se había expresado de forma errónea y reconoció su respeto a la labor de las y los trabajadores de prensa y periodistas.

Organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de periodistas han denunciado que la ciudad de Pedro Juan Caballero es una de las más peligrosas del país para ejercer el periodismo por las redes del crimen organizado que operan en esta zona. En este contexto, la RELE también fue informada de que en mayo pasado habría sido asesinado el alcalde de Pedro Juan Caballero, cuya familia sería propietaria de la radio en donde trabajaba Humberto Coronel. Asimismo, esta Oficina tuvo conocimiento de que el periodista Gustavo Báez señaló públicamente que analiza la posibilidad de abandonar el país junto a su familia, luego del asesinato de su compañero de trabajo y del clima de amenazas e inseguridad para ejercer la profesión.  La Relatoría estima crucial que las autoridades tomen de forma urgente las medidas pertinentes para proteger la vida e integridad personal de Gustavo Báez. 

La Relatoría reitera que el asesinato de periodistas y comunicadores constituye, además de una violación al derecho de la vida, el atentado más grave a la libertad de expresión y una forma de censura directa. Esta Oficina urge al Estado a investigar los hechos de forma celera, con la independencia e imparcialidad debida, y considerando el ejercicio periodístico como móvil del crimen. En este sentido, esta Oficina ha señalado anteriormente que "la existencia de un marco institucional adecuado resulta crucial para que el Estado pueda investigar, juzgar y sancionar penalmente los crímenes contra periodistas" y que, en este sentido, el Estado tiene la obligación de "asignar la responsabilidad de investigar y juzgar estos delitos a las autoridades que están en mejores condiciones para resolverlos y que cuenten con autonomía e independencia para actuar". Por otra parte, la CIDH y la Corte Interamericana han insistido en que la obligación de investigar exige a los Estados agotar las líneas lógicas de investigación vinculadas a la libertad de expresión, ya que lo contrario disminuye las posibilidades de conseguir justicia efectiva por el crimen.

Frente a las consideraciones previas, la Relatoría hace un llamado al Estado a incrementar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra la prensa. Tal como ha sido señalado previamente, esta obligación resulta particularmente importante en lugares en los que existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R211/22