La
RELE llama a las autoridades de Estados Unidos a generar las condiciones para
que exista una deliberación amplia, plural y robusta en espacios escolares y
académicos
20 de octubre de 2022
Washington D.C. - La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) manifiesta su preocupación frente a los reportes recibidos sobre censura
literaria en Estados Unidos, principalmente en espacios escolares. La Relatoría
llama a las autoridades, en todos sus niveles, a generar las condiciones para
que el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información sea
plenamente efectivo para estudiantes y profesores, así como investigadores,
escritores, ilustradores y todas aquellas personas que contribuyen al
desarrollo literario, tomando en consideración la dimensión individual y
colectiva de este derecho.
De acuerdo con reportes públicos, entre julio
de 2021 y junio de 2022, se habría reducido significativamente la
disponibilidad de libros en bibliotecas escolares de Estados Unidos, debido a
la creciente prohibición de diversas obras literarias por su contenido. En este
período, al menos 2.532 libros habrían sido prohibidos, incluyendo 1,648 obras
individuales. Los análisis realizados por organizaciones de la sociedad civil y
medios de prensa indican que la gran mayoría de libros
retirados están relacionados con personas y asuntos LGBTQI+, lucha contra el racismo,
derechos sexuales y reproductivos y educación sexual, y algunas perspectivas de
activismo social. Actualmente, según un informe de PEN America, este tipo de medidas habrían sido registradas
en 138 de los aproximadamente 13.000 distritos escolares de 32 de los 50 estados,
lo que afectó el acceso a la información de cerca de cuatro millones de los
aproximadamente 56 millones de estudiantes en más de cinco mil de las aproximadamente
130 mil escuelas, según la información disponible. Asimismo, tales medidas
habrían afectado obras de por lo menos 1.261 autores, 290 ilustradores y 18
traductores entre 2021 y 2022. Según los datos reportados, desde julio de 2022
hasta la fecha se habrían presentado por lo menos 139 prohibiciones
adicionales.
Asimismo, en relación con los mencionados
reportes sobre restricciones a la literatura, en su Informe Anual 2021 la Relatoría documentó diversas propuestas y
aprobación de legislaciones que intentan prohibir la circulación de
perspectivas críticas en la enseñanza de temas vinculados al racismo y la
identidad de género en la educación básica. Esta Oficina nota que tales
restricciones estarían originadas, principalmente, en demandas de padres,
madres y comunidades educativas, además de decisiones administrativas, o reclamos
de legisladores u otros funcionarios públicos, principalmente fundados en la garantía
de no discriminación de las mayorías raciales y religiosas en Estados Unidos.
Como ha sostenido la CIDH y su Relatoría
Especial en múltiples oportunidades, la libertad de expresión es un derecho
trascendental para el ejercicio de otros derechos, incluyendo el derecho a la
educación, el acceso a la cultura, la libertad religiosa, la libertad de
reunión pacífica y asociación, entre otros. Como la RELE ha sostenido en sus
informes, "la carencia de libertad de expresión es una causa que contribuye al
irrespeto de los otros derechos humanos" y, por ende, "la preservación de la
libertad de expresión es una condición necesaria para el funcionamiento
pacífico y libre de las sociedades democráticas de las Américas".
El artículo XII de la Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre establece que "toda persona tiene derecho a la educación, la que debe
estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad
humanas", entendidos por la jurisprudencia interamericana como valores
esenciales para la preservación del pluralismo y tolerancia, pilares básicos de
las sociedades democráticas. Asimismo, dispone que "toda persona tiene el
derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y
practicarla en público y en privado". En este sentido, es deber de los Estados
generar las condiciones para que exista una verdadera deliberación pública –que
considere la diversidad de su propia sociedad–, sobre los asuntos que
conciernen a todas y todos los ciudadanos, contemplando amplitud y pluralidad
de voces, a fin de que las tensiones de derechos y controversias de intereses
en una sociedad puedan tramitarse de forma abierta, pacífica y en respeto de
los derechos humanos. En palabras de la CIDH, "la plena y libre discusión evita
que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que
destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que
pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma". Para
esta Oficina, las medidas tendientes a prohibir libros en escuelas, en vez de
dar lugar a un debate amplio y robusto sobre asuntos relevantes y que pueden
ser controvertidos para diversas personas o grupos de personas, directamente
veda las posibilidades de deliberación democrática.
En este sentido, el deber de los Estados de
garantizar el derecho a la libertad de expresión también supone contribuir a la
formación de una ciudadanía que "esté dispuesta a discutir con otros las
razones que le permiten apoyar una tesis o adoptar una decisión", como ha mencionado la Relatoría. Dificultar la deliberación de temas de
relevancia pública en espacios educativos, que por excelencia forman las y los
ciudadanos y preparan la niñez para la vida en sociedad, socava el potencial de
la educación para desarrollar los valores de comprensión, solidaridad, respeto
y responsabilidad.
A la vez, la Relatoría resalta que la
educación es una vía para transmitir mensajes que erradiquen prejuicios y una
forma de construir sociedades más inclusivas y tolerantes. Como sostiene un informe de la Relatoría Especial sobre los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), los Estados están
llamados a garantizar la preservación de las formas distintivas de expresión de
los grupos históricamente discriminados y excluidos del debate público,
promoviendo de esta forma la memoria histórica de estas personas y
contribuyendo a la tolerancia y el respeto en la sociedad.
La RELE hace un llamado a la reflexión y anima
al Estado a tomar distancia de acciones que contribuyan al deterioro del debate
público y a la restricción de la libertad de expresión y tomar todas las
medidas a su alcance para que la diversidad de contenidos pueda integrarse en
las distintas esferas de la sociedad, incluyendo la educación. Como ha afirmado
esta Oficina reiteradamente, este derecho no sólo protege la difusión de ideas
e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también en las que ofenden, chocan, inquietan, resultan
ingratas al Estado o a cualquier sector de la población.
La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la
libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R235/22