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Libertad de Expresión

Perú

            Agresiones y amenazas

 

272.     La Relatoría recibió información en relación con agresiones a periodistas mientras realizaban su trabajo durante manifestaciones en lugares públicos. Al respecto, la Relatoría reitera que es obligación del Estado prevenir e investigar estos hechos.

 

273.     El 29 de enero de 2003, varios periodistas fueron agredidos por trabajadores de la Federación de Construcción Civil cuando informaban sobre la marcha de protesta que este gremio realizó en la plaza 2 de Mayo de Lima. Lan Ortiz y Santiago Bravo del diario Perú 21, Ismael Tasayco e Iván Ahumada de Red Global de Televisión, Rosario Rengifo de América Televisión, Marcos Rojas, del diario La República y Jaime Rázuri, de la agencia de noticias France Press fueron golpeados cuando registraban imágenes de la marcha de los trabajadores, quienes estaban armados con fierros y palos. Un manifestante agredió con un palo al reportero gráfico de Perú 21, Santiago Bardo. Por su parte, Luis Talledo, del diario Expreso, estuvo a punto de ser golpeado por los manifestantes. La reportera de América Noticias, Isabel Rengifo, fue golpeada y expulsada a empellones de la manifestación junto con su camarógrafo. El Presidente de la República, Alejandro Toledo, expresó su rechazó y enfática condena a la agresión y violencia de las que fueron víctimas los periodistas. [1]

 

274.     En abril de 2003, varios periodistas fueron objeto de agresiones al cubrir una huelga de campesinos cocaleros en el departamento de Ayacucho, al sureste de Lima. El 7 de abril, el corresponsal de América Televisión, Fortunato Atauje Tipe fue agredido por un grupo de manifestantes, quienes le intentaron quitar su cámara.  Ese mismo día, en horas de la madrugada, aproximadamente 60 encapuchados ingresaron al local de Radio Contreras en el valle del río Apurímac, provincia de La Mar en Ayacucho, donde destrozaron la antena de la emisora autogestionaria. Al día siguiente, el corresponsal de Frecuencia Latina, Enrique Vargas Cancho, fue agredido por un grupo de cocaleros en huelga, en el departamento de Ayacucho (450 kilómetros al sureste de Lima), quienes le causaron heridas en la frente al intentar apoderarse de su cámara grabadora. En el mismo enfrentamiento, otro grupo de manifestantes le arrebató su cámara al corresponsal de Panamericana Televisión, Walter Condorpusa[2].

 

275.     El 17 de mayo de 2003, durante un operativo a tabernas turísticas dispuesto por la Municipalidad Provincial de Huaraz, capital de la región Ancash, en coordinación con la Sub Prefectura de la misma ciudad, Gustavo Medina Salvador, camarógrafo de Panamericana Televisión fue agredido físicamente por un grupo de policías municipales, quienes le arrebataron su cámara.[3]

 

276.     El 6 de mayo de 2003, un grupo de transportistas agredió a un reportero gráfico del diario La Industria de Trujillo, mientras cubría el primer día del paro nacional convocado por los transportistas en la región de La Libertad. [4]

 

277.     El 30 de mayo de 2003 un equipo periodístico de Canal N, con sede en Arequipa, que se trasladó a la ciudad de Puno para cubrir los sucesos relacionados con la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, fue agredido por una turba de manifestantes que los acusó de informar sin imparcialidad. El camarógrafo fue agredido a empellones al mismo tiempo que le gritaban “prensa mentirosa” o “prensa amarilla, digan la verdad”. Posteriormente, recibió varios golpes de puño en el cuerpo mientras protegía su cámara. Por su lado, Doris Cornejo fue rodeada por una multitud que le arrebató el equipo portátil de radio que llevaba consigo.[5].

 

            Legislación

 

278.     El 1 de mayo de 2003, durante su sesión vespertina, el Congreso aprobó la derogación del artículo 354 del Código Penal que establecía el delito de desacato. La Relatoría destaca este avance del Estado peruano en cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[6].

 

279.     El 4 de febrero de 2003, el Ejecutivo promulgó las modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer el procedimiento mediante el cual el público podrá solicitar datos a las entidades estatales, así como acortar los plazos para que éstas implementen portales en Internet donde se colocará la información de interés público. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán resolver las consultas de los ciudadanos sin la mediación del Ministerio del Interior. La ley prohíbe la destrucción de información en poder del Estado para garantizar su conocimiento público y establece los plazos para que la administración pública atienda las solicitudes ciudadanas de información[7].

 

            Otros

 

280.     El 14 de septiembre de 2003, la periodista Cecilia Valenzuela denunció que el jefe de del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), Alfonso Panizo ordenó la ejecución de un plan de seguimiento y control al equipo periodístico del programa La Ventana Indiscreta que trasmite Frecuencia Latina, Canal 2. El 16 de septiembre, Panizo, afirmó que no existía ninguna orden de persecución en contra de periodistas desde su institución. Sin embargo, posteriormente, admitió que los periodistas fueron objeto de seguimiento a pesar de que el objetivo no era investigar a los periodistas sino conocer a sus fuentes debido a fugas de información en el Estado. Posteriormente Panizo renunció a su cargo.[8]

 

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