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Libertad de Expresión

Guatemala

            92.       De acuerdo con la información recibida por la Relatoría, durante el 2004 se percibió una mejoría en el ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala, en relación con el año 2003. No obstante, continuaron presentándose algunos casos de agresiones a periodistas, y se mantienen aspectos preocupantes, como la situación de monopolio en la televisión abierta.

             93.       Por otra parte, en el mes de julio, el Estado de Guatemala admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en el asesinato del periodista y político Jorge Carpio Nicolle, ocurrido en 1993.

 PRINCIPIO 4 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Acceso a la información en poder del Estado)

             94.       El 7 de mayo de  2004 se conoció la  decisión de la municipalidad de Quetzaltenango, de negar información sobre el trabajo de sus oficinas e impedir la cobertura de sus  sesiones de trabajo. La prohibición habría sido adoptada luego de publicaciones  sobre el  incremento del valor de las dietas para las sesiones del consejo[1].

 PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)

             95.       De acuerdo con la información recibida por la Relatoría, varios periodistas habrían sufrido agresiones durante la cobertura de conflictos y enfrentamientos entre la policía y ciertos grupos sociales. El 31 de agosto de 2004, en el departamento de Retalhuleu, los periodistas Mario Morales, de Nuestro Diario y Edward Morales de Guatevisión, fueron agredidos y despojados de sus cámaras, cuando cubrían el desalojo de una finca. En ese hecho murieron cuatro policías y siete campesinos. En esa ocasión también habrían sido amenazados y agredidos, Fredy Rojas de Prensa Libre, Wílliam Meoño y Marvin Guillén, de Nuestro Diario, Mynor Toc y Luis Romero de Cable DX, Cable DX, y Gerardo Montenegro, periodista de El Regional.[2] Otro hecho similar sucedió el 14 de agosto de 2004, periodistas de Prensa Libre, el Periódico, y de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agredidos cuando asistían a un enfrentamiento entre vendedores de la economía informal y miembros de la Policía de Tránsito en Ciudad de Guatemala.[3]

             96.       En la región de Alta Verapaz se dieron dos casos de amenazas contra periodistas locales que fueron reportados a la Relatoría. El 29 de mayo de 2004, el periodista Eduardo  Maaz Bol, corresponsal de Radio Punto y Correo del  Norte y de Radio Mía, en Cobán, fue amenazado de  muerte por un  supuesto grupo vinculado al  crimen organizado que opera en la zona. El grupo,  no identificado, dio un plazo al periodista para cumplir la  amenaza.[4] El 13 de setiembre de 2004, también en Cobán, el periodista y corresponsal, Ángel Martín Tax, reportero de Radio Sonora y corresponsal de Prensa Libre y Nuestro Diario, fue objeto de amenazas telefónicas, las cuales fueron recibidas en el teléfono de un colega. Al periodista le daban 24 horas para salir del lugar. Durante el 2003, Tax había recibido amenazas[5].

             97.       Otro caso de amenazas reportado en el país fue el ocurrido el 25 de setiembre de 2004. Ese día, el director de la revista Panorama, en Retalhuleu, César Augusto López Valle, recibió una amenaza de muerte, aparentemente por parte de un miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, quien le advirtió sobre las informaciones que éste había difundido sobre las actividades de esa agrupación[6].

 PRINCIPIO 12 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (existencia de monopolios u oligopolios, y la falta de criterios democráticos en la asignación de frecuencias radioeléctricas)

             98.       La Relatoría recibió información sobre procedimientos iniciados contra radios comunitarias. Tal como lo ha señalado anteriormente la Comisión, las radios comunitarias son positivas porque fomentan la cultura e historia de las comunidades, siempre que lo hagan dentro de la legalidad[7]. La Relatoría reitera la importancia de que se establezcan criterios democráticos para la asignación de frecuencias radioeléctricas.

 PRINCIPIO 13 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Violaciones indirectas a la libertad de expresión)

             99.       El 26 de febrero de 2004, el alcalde  municipal de la Ciudad de Flores, en Petén habría llegado acompañado por otro funcionario a la vivienda del propietario de la estación Radio Petén, y le habría exigido devolver la propiedad donde se ubicaba la emisora a cambio de un contrato de usufructo por 30 años. El funcionario habría advertido con proceder con la  expropiación luego de que la radio denunciara que la municipalidad había contratado maquinaria del alcalde para reparar unas calles.[8]

PROGRESOS

            100.     El 30 de enero de 2004 el Tribunal Doudécimo de Sentencia Penal absolvió definitivamente de los delitos de injuria, calumnia y difamación a Bruce Harris, entonces Director Regional para América Latina de la organización Casa Alianza (Convenant House), en un proceso iniciado  en 1997[9].

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