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Libertad de Expresión

México

PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)

            120.     Este año, la Relatoría recibió información sobre actos violentos contra comunicadores sociales especialmente en el interior de país, en los estados federados. Son particularmente preocupantes los reportes sobre asesinatos de periodistas, algunos como posibles represalias por sus coberturas sobre el crimen organizado. En estos casos, la Relatoría fue informada de que las autoridades federales habían asumido las pesquisas y ha valorado positivamente la condena de estos hechos desde las más altas esferas del Gobierno. La Relatoría hizo pública su inquietud en un comunicado del 2 de setiembre de 2004.

            121.     El 19 de marzo de 2004 fue asesinado el director  editorial del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, Roberto Javier Mora García. El periodista, de 44 años, había publicado  diversos artículos sobre crimen organizado. Dos  vecinos del periodista, identificados como Mario Medina Vásquez, de nacionalidad estadounidense,  e Hiram Olivero Ortíz, fueron detenidos el 26 de marzo de 2004[1]. La Relatoría recibió inquietudes de organizaciones civiles relacionadas con la seriedad de la investigación emprendida en el caso[2].

            122.     El  22 de junio de 2004 fue asesinado el editor del semanario Zeta, Francisco Javier Ortíz Franco en Tijuana, Baja California[3]. Ortíz era cofundador y editorialista del medio, donde escribía sobre narcotráfico y corrupción.[4] El 29 de junio de 2004,  la Fiscalía de  Baja  California nombró a un Juez Especial para investigar el homicidio. Sin embargo, el 18 de agosto, las autoridades federales asumieron el caso por su posible relación con el crimen organizado[5].

            123.     El 31 de agosto de 2004, el columnista Francisco Arratia Saldierna, de 55 años, murió de un paro cardiaco luego de ser brutalmente golpeado en la ciudad de Matamoros, cerca de la Frontera con los Estados Unidos. Arratia publicaba sus columnas en cuatro periódicos del Estado de Tamaulipas: El Imparcial y El Regional, en Matamoros, y en Mercurio  y El Cinco en Ciudad Victoria. También publicaba en la página digital En Línea Directa, era maestro de escuela y tenía un negocio de venta de autos usados.Arratia escribía sobre corrupción, crimen organizado y educación. Según los reportes recibidos por la Relatoría, el columnista habría sido torturado antes de ser arrojado de un vehículo. El 24 de setiembre, la policía de Tamaulipas arrestó a Raúl Castelán Cruz, en la ciudad de Matamoros, quien confesó haber participado en el asesinato de Arratia, y que el crimen habría sido motivado por sus columnas. El 30 de setiembre, las autoridades federales asumieron la investigación por un posible nexo entre el asesinato y el crimen organizado[6].

            124.     El 12 de enero de 2004,  Irene Medrano Villanueva, del periódico El Sol, de Culiacán, en Sinaloa,  fue amenazada de muerte por teléfono. Al día siguiente, dos individuos dañaron su vehículo. Las intimidaciones telefónicas se repitieron el 22 de enero.[7]. Medrano había hecho publicaciones sobre prostitución infantil y desde entonces reportó amenazas en su contra[8].

            125.     El 12 de julio de 2004, desconocidos intentaron incendiar la casa del columnista del semanario Crítica, Gerardo Ponce de León Moreno, en Hermosillo, Sonora. El hecho no ocasionó mayores daños a la residencia. Ponce encontró una nota anónima con una amenaza relacionada con su trabajo. Ponce ha hecho comentarios sobre asuntos de la política local, seguridad y corrupción[9].

            126.     El 22 de mayo de 2004, supuestos agentes  policiales agredieron  al  director de Diario Tribuna, Martín Serrano Herrera. El periódico, de la  localidad de Jalapa, habría publicado artículos que vinculaban a funcionarios públicos de Veracruz en supuestos  actos de corrupción y  enriquecimiento.[10]

            127.     El 23 de mayo de 2004  Maximiliano Cortez Zepeda, de Radio Variedades, Mario Solís Espinoza y Edgar Badilio Mena, del Diario de Colima, fueron agredidos por una  veintena de jovenes, aparentemente encabezados por un familiar de un exgobernador del Estado de Colima. Los  periodistas  fueron perseguidos por los jóvenes y golpeados en repetidas ocasiones, al parecer en represalia por su trabajo periodístico.[11]  El Director Estatal de Seguridad Pública, Fernando Díaz Cendejas, admitió que la agresión ocurrió ante  agentes de la policía, pero  negó que les  hubiera prohibido impedirla.[12]

           128.     En junio, Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, recibió amenazas por correo electrónico[13] supuestamente relacionadas con sus investigaciones sobre la infiltración de grupos de extrema derecha en el poder[14].

           129.     El 9 y 11 de setiembre, fueron destruidas, con disparos, la puerta principal y dos ventanas de las instalaciones del periódico Frontera de Tijuana[15].

           130.     El 1 de noviembre, en el estado de Tabasco, Víctor Manuel Ulín Fernández, quien publica la columna Sin Remitente, en el diario La Verdad del Sureste, fue secuestrado durante varias horas por dos sujetos, quienes lo golpearon, amenazaron por sus informaciones y simularon su ejecución. El periodista ha sostenido una posición contraria al gobernador local[16].

           131.     El 17 de noviembre de 2004, en el estado de Sinaloa, el político Saúl Rubio Ayala, festejaba su victoria en la elección por una diputación local, cuando habría condenado las publicaciones del periódico El Debate, incendidado algunos ejemplares e insultado a sus dos periodistas Resina Ávila y Alonso Sánchez, quienes se encontraban en el lugar, y llamó a sus seguidores a agredirlos. Avila y Sánchez tuvieron que ser protegidos por la policía para abandonar el lugar.[17]

PRINCIPIOS 10 Y 11 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Utilización de leyes de difamación por parte de funcionarios públicos y leyes de desacato)

           132.     El 26 de mayo de 2004, en el Estado de Chiapas, entró en vigencia un aumento de la pena para los culpables de los delitos de difamación o injuria hasta 9 años de prisión y el pago de un mil días multa. Estas penas, responden a una reforma al Código Penal del  Estado, aprobada el 17 de febrero de  2004. Antes del cambio, el culpable de difamación o de calumnia era sancionado con prisión de dos a cinco años y multa hasta de setenta y cinco días de salario. Con el  cambio, la prisión oscila entre tres y nueve años y la multa de cien a mil días de salario. Además contempla otras disposiciones como la obligación de los propietarios de medios de comunicación, independientemente sean o no infractores, a difundir la sentencia completa en el mismo espacio u horario, según el  medio donde fue divulgado el delito por el cual se dio el proceso.[18]

PROGRESOS

           133.     El 19  de marzo de 2004  el Gobierno de  Baja California  se integró a la  mesa especial de revisión del  asesinato del  periodista Héctor Félix Miranda, ocurrido en 1988. La integración se dio como consecuencia de los acuerdos alcanzados en una audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2003. El grupo fue integrado el  15 de marzo de 2004 por  el gobierno de México y la  Sociedad Interamericana de Prensa para  aclarar el crimen de Miranda y el de Víctor Manuel  Oropeza, también  periodista.[19]

           134.     El 30 de marzo de 2004, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal  aprobaron  el reglamento  que  permite la  revisión pública de  juicios y resoluciones  que se adoptan en un litigio.[20] El reglamento incluye la  difusión de los  fallos por  Internet. El reglamento fue emitido como parte del cumplimiento de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en junio de 2002.

           135.     La Relatoría ha recibido información sobre avances en las negociaciones para que el Gobierno continúe con un proceso de adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. En diciembre el Gobierno mexicano entregó cinco permisos para radios comunitarias indígenas. En su informe de 2003, la Relatoría había dado cuenta de los reclamos recibidos respecto de las dilaciones en los procesos de asignación de frecuencias a radios comunitarias. A pesar de algunos tropiezos sufridos durante el año en el proceso de diálogo iniciado entre el gobierno y representantes de estos medios, la Relatoría considera auspicioso que, según como le ha sido informado[21], se estén dando avances en las negociaciones para facilitar la operación de estas radios, y hacia la consideración de criterios más democráticos en la asignación de frecuencias de radio, como lo señala el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. La Relatoría insta al Estado a continuar con el proceso de negociación y a tomar en consideración las observaciones preliminares realizadas por el Relator Especial al terminar su visita oficial en agosto de 2003, y retomadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México.

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