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De acuerdo con la información recibida, los periodistas se encontraban cubriendo un acto oficial en el parque central de Suchitepéquez, frente al edificio de la gobernación departamental y a escasos metros de una estación policial, cuando fueron baleados presuntamente por dos hombres que escaparon tras disparar. También habría resultado herido en el ataque otro periodista, Marvin Túnchez, quien fue llevado a un hospital.
Danilo López trabajaba en el diario Prensa Libre y habría sido amenazado previamente por un ex alcalde debido a artículos que informaban de malas prácticas por parte de funcionarios de gobierno, hecho que habría denunciado ante las autoridades. Federico Salazar trabajaba en Radio Nuevo Mundo y no se conocía de amenazas que hubiera recibido. Ambos formaban parte de la recientemente creada Asociación de Prensa de Suchitepéquez, de la que eran vicepresidente y secretario, respectivamente.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial insiste además en la necesidad de concretar el "Plan para la Protección a Periodistas", que disponga de los recursos y el marco adecuados para poder funcionar y que esté destinado, entre otras cosas, a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Estas muertes se suman a numerosas agresiones a periodistas registradas en el último año en Guatemala.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.