Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R188/18

Relatoría Especial concluye su visita a Ecuador y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares sobre libertad de expresión en el país

 24 de agosto de 2018

Quito - El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, realizó una visita oficial a Ecuador para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país. El Relator Especial visitó el país del 20 al 24 de agosto y presentó sus observaciones preliminares y recomendaciones en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el último día. La visita es parte de una serie de acciones especiales de la Relatoría Especial para promover el derecho a la libertad de expresión en Ecuador.

Durante la misión, el Relator Especial estuvo en las ciudades de Quito y Guayaquil, donde participó de reuniones y visitas. Edison Lanza se reunió con periodistas y directores de medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones a la libertad de expresión durante el anterior período de gobierno, con los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, así como visitó el diario El Universo en Guayaquil. Asimismo, se reunió con el Presidente Lenin Moreno, el Canciller José Valencia y otros representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, como la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el Procurador General del Estado, la Defensora del Pueblo encargada, el Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Ministro del Interior, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Secretario Nacional de Comunicación Andrés Michelena y el Subsecretario Nacional de Comunicación, la Presidenta de la Asamblea Nacional, la Gerente General de Medios Públicos, la Directora General del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), con el Superintendente de Información y Comunicación, y con la Fiscal General del Estado subrogante.

Adicionalmente, en el marco de su visita oficial el Relator se reunió con representantes de las embajadas de Canadá, EE. UU., Reino Unido, Chile, Perú, Colombia, Unión Europea, Brasil y Suiza.

La Relatoría Especial agradece la colaboración del gobierno del Ecuador en la facilitación y organización de la visita y la extraordinaria participación y aporte de la sociedad civil, la academia, los periodistas y medios de comunicación. Igualmente, reconoce el apoyo de la Oficina de la Unesco en Quito y de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) en Ecuador durante la visita; así como agradece la información ofrecida por la Asesora de Derechos Humanos del ACNUDH en Ecuador. 

Las observaciones y recomendaciones preliminares presentadas por el Relator Especial en la conferencia serán desarrolladas con mayor detalle en un informe especial del país que será publicado posteriormente.

De la visita se desprende que Ecuador atraviesa un proceso de transición de las instituciones públicas  que busca superar las consecuencias del autoritarismo implantado por el anterior régimen presidencial y desmontar las prácticas represivas dirigidas a cerrar el espacio democrático.

Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la "revolución ciudadana", así como las organizaciones sindicales, de defensa de la tierra o los pueblos indígenas. Estas acciones estuvieron acompañadas de la aprobación de leyes dirigidas a poner bajo el control oficial a la prensa y a las organizaciones sociales también, tales como la Ley Orgánica de Comunicación, el Decreto Ejecutivo No. 016 y el Código Orgánico Penal Integrado. Estas acciones legales fueron precedidas de campanas de estigmatizaciones en contra de la prensa y críticos políticos. Las cadenas nacionales y los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República denominados "sabatinas" fueron el escenario para desacreditar o someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Las instituciones de justicia y control que debían proteger los derechos humanos fueron sometidas a la injerencia y control indebido del Poder Ejecutivo.

La Relatoría Especial reconoce como un avance significativo las medidas adoptadas por el actual gobierno del Presidente Lenín Moreno para hacer cesar estas violaciones del derecho a la libertad de expresión y revertir sus efectos. Esta oficina saluda las medidas adoptadas para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de derechos humanos en la sociedad democrática través de declaraciones de autoridades estatales, actos públicos y el diálogo iniciado con estos sectores de la sociedad. Asimismo, se observa como positivo que el Estado haya iniciado un proceso de reforma del marco jurídico e institucional, así como la política de comunicación del Estado, con el fin de ajustarlo a las normas y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El Relator Especial saluda especialmente el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Comunicación. También recibe con satisfacción información sobre indultos, rectificaciones y otras medidas impulsadas para restituir en sus derechos a quienes fueron sancionados y perseguidos por el ejercicio de derecho a la libertad de expresión.

El proceso de transición hacia una democracia que garantice la libertad de expresión de periodistas, medios, organizaciones sociales y oposición, debe continuar y consolidarse. Casi una década de persecución y asedio legal y político ha tenido serias consecuencias en la democracia ecuatoriana y afectada a los medios de comunicación privados y comunitarios, así como en las organizaciones sociales y su rol en la sociedad. El periodismo como profesión e institución fundamental de la democracia se ha visto debilitada y desprestigiada. Periodistas valiosos se han visto obligados a dejar la profesión o abandonar el país por miedo a sufrir represalias, falta de perspectivas, o han sufrido el efecto inhibitorio de las políticas mencionadas. Persiste el temor y la desconfianza entre los defensores de derechos humanos.

Asimismo, el reciente secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortiz, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del diario El Comercio, por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la frontera de Ecuador y Colombia - un crimen abominable que la Relatoría Especial ha condenado -, constituyó un recordatorio trágico de la debilidad del Estado en materia de prevención y protección de la violencia contra la prensa. La Relatoría Especial espera que el Equipo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo los auspicios del Estado, actualmente en funcionamiento, pueda contribuir al alcance de la verdad y justicia en este caso.

Debido a lo anterior, esta oficina presenta una serie de recomendaciones preliminares al Estado dirigidas la adecuación del ordenamiento jurídico ecuatoriano, prácticas y políticas a las normas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la reparación integral tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R188/18