En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Relatoría Especial presenta la Guía para el acceso a la información ambiental en contextos de industrias extractivas y de minería e hidrocarburos
28 de septiembre de 2021
Washington D.C. - En el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Guía para el acceso a la información ambiental en contextos de industrias extractivas y de minería e hidrocarburos, que tiene como fin contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los Estados y la sociedad civil en la implementación efectiva y adecuada del derecho a la información en estos contextos.
La Relatoría Especial reconoce que la pandemia de COVID-19 ha evidenciado distintas problemáticas que las democracias regionales están forzadas a enfrentar. Entre ellas, el incremento de medidas restrictivas al acceso a la información y la falta de transparencia sobre asuntos de interés público son de especial preocupación de la Relatoría. Como ha señalado en anteriores oportunidades esta Oficina, el derecho de acceso a la información es un pilar fundamental de la democracia, por lo que los Estados están llamados a adoptar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos y garantizar en su legislación y en la práctica este derecho.
Reconociendo la importancia que tiene la aplicación doméstica de los estándares del Sistema Interamericano para el respeto y la protección de derechos, la Guía intenta recopilar y analizar las decisiones judiciales y prácticas nacionales en esta materia a nivel regional en perspectiva de derechos humanos. La Guía reconoce que en los contextos de industrias extractivas y de minería e hidrocarburos persisten importantes desafíos en torno a la garantía y efectividad del derecho de acceso a la información con relevancia ambiental, vinculados principalmente con la máxima divulgación y transparencia de esta clase de información, y la necesidad de alcanzar un nivel de coordinación adecuado entre las diferentes autoridades mineras, ambientales y de control que posibilite el acceso oportuno, completo y veraz de la información. En función de ello, la Guía concluye que es obligación de los Estados preparar y difundir información de manera periódica y actualizada en cada etapa de la actividad extractiva; dar a conocer de manera oportuna y suficiente información de las emergencias ambientales, así como también de los riesgos ambientales y de salubridad; y proveer un recurso administrativo y judicial que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información. Finalmente, reconoce que en el caso específico de la industria minera y de hidrocarburos, los Estados también deben observar los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos.
Puede acceder al informe completo aquí.
Esta Oficina saluda el carácter participativo sobre el que se fundamentó la elaboración de este documento. Durante este proceso, la Relatoría llevó a cabo una serie de consultas y talleres, y recibió aportes de Estados, sociedad civil y empresas involucradas en el desarrollo de actividades extractivas de minería e hidrocarburos.
Asimismo, la Relatoría ratifica la importancia de los estándares desarrollados en su informe temático "Derecho a la información y seguridad nacional", publicado el 28 de septiembre de 2020, que aborda los obstáculos legales y de hecho existentes en la región para armonizar la circulación de información de interés público y la excepción de seguridad nacional. Este informe reconoce que en las Américas aun persisten retos asociados a la obligación de adecuar los marcos jurídicos internos a las exigencias del acceso a la información pública, en muchos casos derivados de la cultura del secreto y la utilización de un concepto amplio e impreciso de seguridad nacional, que en muchos casos ha sido utilizado para limitar el goce de los derechos humanos y justificar la persecución de ciertos grupos. En este sentido, el documento examina los desafíos en torno al derecho de acceso a la información sobre temas de elevado interés público como los archivos y documentos sobre graves violaciones a los derechos humanos, vigilancia e inteligencia estatal, corrupción y abusos de poder.
La Relatoría espera que tanto la Guía para el acceso a la información ambiental como el informe sobre Derecho a la información y seguridad nacional puedan ser aportes valiosos para el avance y consolidación de estándares interamericanos en la materia. Tal como han señalado la CIDH y la Relatoría, el acceso a la información es una herramienta vital para la construcción de ciudadanías activas y participativas en asuntos de interés público, el ejercicio pleno e informado de derechos y el fortalecimiento de la gobernanza democrática.