Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R199/22
El
Estado de Colombia debe investigar el asesinato de los periodistas Leiner
Enrique Montero y Dilia Contreras y sancionar a los responsables
7 de
septiembre de 2022
Washington,
D.C. - La Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas Leiner Enrique
Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo en un corregimiento de Fundación,
departamento de Magdalena, y urge al Estado investigar los hechos de forma completa, efectiva e
imparcial, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil
del crimen, y sancionar a quienes resulten responsables.
De acuerdo con la información disponible, el
pasado 28 de agosto, dos sujetos desconocidos interceptaron y dispararon a los
periodistas Leiner Enrique Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo, quienes
regresaban de una cobertura periodística en el corregimiento de Santa Rosa de
Lima. Según pudo conocer esta Oficina, el camarógrafo Joaquín Alberto
Gutiérrez, quien acompañaba a Montero y Contreras en la parte trasera del
vehículo, recibió dos disparos en un brazo y actualmente se encuentra internado
en el hospital de Fundación.
Leiner Enrique Montero era el director de la
emisora Sol Digital Stereo del
municipio de Fundación, y escribía en redes sociales a través de su página Leiner Montero historias, sobre diversos
temas de interés general y local. Dilia Contreras había trabajado como reportera
y locutora en varios medios de comunicación en las ciudades de Bogotá y Santa
Marta, y actualmente se encontraba trabajando con Montero en su página
informativa en redes sociales. Según la información reportada, horas antes del
asesinato, Montero habría estado involucrado en una discusión en la que habría
recibido una amenaza por parte de una persona que se encontraba en el lugar
donde los periodistas se encontraban trabajando. La RELE tuvo conocimiento de
que Montero habría sido blanco de varias amenazas en los últimos años, y que
por ese motivo hace pocos meses habría desinstalado los transmisores de la
emisora que tenía en el municipio de Fundación.
La Relatoría reitera que el asesinato de
periodistas y comunicadores por motivos que podrían relacionarse con su trabajo
periodístico constituye la más grave violación del derecho a la libertad de
expresión. La violencia letal contra la prensa no solo vulnera directamente el
derecho a la vida, sino que apunta a suprimir el derecho de las y los
periodistas a expresarse e informar, y generan un notable efecto de
autocensura. Asimismo, esta Oficina ha señalado en oportunidades previas que la
violencia contra periodistas también afecta gravemente la dimensión social y
colectiva del derecho a la libertad de expresión, en tanto vulneran el derecho
de las sociedades a recibir informaciones e ideas de toda índole.
Las autoridades han indicado que están
trabajando en el esclarecimiento de los hechos e identificación de los
repsonsables. El alcalde de Fundación, Carlos Sierra, anunció la realización de un Consejo Extraordinario
de Seguridad junto con la Policía del Magdalena y la Fiscalía, el 29 de agosto.
Además, el coronel de la Policía de Magdalena se refirió a que una de las principales hipótesis del crimen
estaría relacionada con "un hecho de intolerancia". Esta Oficina urge al Estado a continuar con
las investigaciones de forma oportuna y completa, y recuerda que la falta de
sanción de los delitos contra la prensa fomenta la reiteración de violencias y
el silenciamiento.
La Relatoría valora que desde las más altas
autoridades se haya condenado publica y oportunamente los hechos solicitando
"una investigación urgente para encontrar a los responsables de este crimen
porque, en Colombia, la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo",
e instruyendo al Ministerio de Defensa a emprender acciones
para "garantizar la protección de la vida y seguridad de los ciudadanos en todo
el territorio". Para la Relatoría Especial este tipo de mensajes de rechazo a
la violencia y respaldo a la labor periodística –especialmente cuando provienen
de las más altas esferas gubernamentales– constituyen una importante medida de
prevención y protección para la prensa, y un gesto que refuerza su valor y
legitimidad en sociedades democráticas y que fortalece la libertad de
expresión. La Relatoría anima a que estas prácticas sean replicadas en todos
los órganos públicos y niveles de gobierno.
Finalmente, esta Oficina llama al Estado
colombiano a incrementar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra
periodistas y la impunidad de estos crímenes, y recuerda que esta obligación se
acentúa ante situaciones o zonas en las cuales existe o se ha detectado un
riesgo especial para los periodistas trabajadores de medios de comunicación.
Tal como ha señalado la CIDH y su Relatoría previamente, el cumplimiento de la
obligación de prevención por parte del Estado resulta de vital importancia en
aquellos países en los que existen zonas en las cuales los periodistas han
optado por la autocensura, a fin de evitar que el fenómeno continúe
replicándose.
La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la
libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.