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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
25 de noviembre de 2023
Washington D.C. – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre la persistencia de obstáculos estructurales y prácticas discriminatorias que limitan severamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las mujeres. La RELE llama a los Estados e invita a la sociedad interamericana a robustecer el espacio cívico y a garantizar el derecho a la libertad de expresión de las mujeres como medida fundamental para el goce pleno de sus derechos y la participación en los asuntos de la vida pública, así como herramienta de empoderamiento para vivir una vida libre de violencia y discriminación de género.
La CIDH y su RELE han observado afectaciones diferenciadas a la violencia contra mujeres que buscan participar de la vida pública, que además de la estigmatización por motivos de género, incluyeron hechos de intimidación, acoso, agresiones físicas y verbales, así como ataques en línea y casos de violencia sexual. Este patrón de violencia se extiende a mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicas, y todas aquellas que participan activamente de la vida pública y política. En particular, la RELE lamenta que, en algunos casos, la judicialización de discursos de mujeres que denuncian violencias contra mujeres sea activada por operadores de justicia.
Al respecto, esta Oficina reitera la importancia de que los Estados adopten medidas positivas en relación con el derecho a la libertad de expresión y la participación ciudadana de grupos históricamente excluidos del debate público, como las mujeres. Asimismo, la RELE enfatiza en que el Sistema Interamericano otorga una protección reforzada a aquellos discursos que expresan elementos constitutivos de la identidad personal o de la dignidad de quien se expresa. Por tanto, el discurso de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual son discursos que, aunque históricamente acallados, deben ser especialmente protegidos según las exigencias de una sociedad democrática.
Conforme señaló la Declaración Conjunta de Relatores sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género, cuando las mujeres denuncian violencia sexual y de género, “los Estados deben garantizar que dicha expresión goza de una protección especial, ya que la restricción de dicha expresión puede obstaculizar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los Estados están llamados a despenalizar todas las acciones de difamación e injurias, y promulgar una legislación exhaustiva para desalentar los casos de difamación vejatorios o frívolos y las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) que pretenden intimidar y silenciar a las mujeres y apartarlas de la participación pública”.
Asimismo, la RELE llama la atención respecto de discursos y comentarios estigmatizantes promovidos desde las más altas autoridades del Estado que tienen el potencial de crear una atmosfera permisiva para la generación de violencias contra las mujeres, y de minimizar e invisibilizar la situación estructural de violencia y discriminación que enfrentan. La CIDH ha sostenido que dichos comentarios y señalamientos envían un mensaje social de tolerancia a la violencia, además de generar “sentimientos de inseguridad y desconfianza por parte de las mujeres hacia las autoridades, obstaculizando así el acceso a mecanismos de protección y de justicia”.
En ese marco, la RELE recuerda que las y los funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Los discursos que perpetúan patrones socioculturales discriminatorios basados en género tienen mayor impacto cuando provienen de autoridades del sector público, y coloca a las potenciales víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
En relación con las mujeres periodistas, esta Oficina ha reiterado en numerosas ocasiones que los Estados deben reconocer públicamente que la discriminación y violencia basada en el género que enfrentan las mujeres periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión. El discurso respetuoso de los derechos humanos por parte de las autoridades sobre los asuntos de género es una de las medidas de prevención más efectivas para evitar futuros hechos de violencia contra las mujeres.
Finalmente, en este marco, la Relatoría también reconoce la importancia del rol transformador que cumple la prensa “en el desmantelamiento de los estereotipos de género, y la oposición a los prejuicios de género y la violencia contra las mujeres". La prensa y los medios de comunicación, como canalizadores privilegiados del debate público, pueden contribuir a la concientización de la sociedad sobre la existencia o prevalencia de estereotipos discriminatorios, y a velar por la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, tal como indica el informe “Mujeres periodistas y Salas de Redacción: avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y lucha contra la discriminación” los medios de comunicación están llamados a adoptar de forma voluntaria medidas para evitar que los contenidos que publican sean permisivos o justificantes a la violencia o puedan incentivar la intolerancia. Asimismo, están llamados a garantizar la seguridad de sus trabajadoras adoptando políticas y procesos para hacer frente a la violencia y el acoso sexual y de género tanto en el entorno laboral externo como en el interno.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No. R275/23
5:58 AM